Como era de esperar, la primera jornada de la sesión de investidura se convirtió ayer en un durísimo cruce de reproches entre Pedro Sánchez y la oposición de derecha y ultraderecha. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la investidura «nace de un fraude» electoral y que hay que «encender todas las alertas democráticas». El político gallego intenta así deslegitimar a un gobierno nacido de las urnas y la aritmética parlamentaria. Sánchez no se quedó corto en la réplica y acusó a Feijóo de «desfilar junto a las filas del franquismo de Vox».
El partido ultra Vox, por su parte, fue aún más allá. Su líder, Santiago Abascal, pronosticó que la investidura de Sánchez, tras su acuerdo con Puigdemont, será «el primer paso para un golpe de estado». «Si este Parlamento no respeta las leyes, ¿quién está obligado a respetarlas?», prosiguió antes de acusar al candidato socialista de «la indignidad de procurarse al poder gracias a los enemigos declarados de su propia patria». En su tesis del golpe de estado, Abascal dijo que con «la dictadura de los votos» también llegaron al poder «Hugo Chávez, Maduro o Hitler».
El enfrentamiento sin medida entre el Gobierno y la oposición de derecha y ultaderecha opaca que hay que gobernar el día a día para el ciudadano
Más allá de todo este ruido, del que el ciudadano está más que harto, Sánchez deberá gestionar el día a día. Y en esa tarea tiene deberes pendientes con la demarcación de Tarragona como la conexión de la A-27 con la autopista, la estación intermodal, el trazado ferroviario alternativo para las mercancías, la estación de Bellissens o impedir la regresión del Delta.
Todo eso deberá sumarse a la larga lista de promesas de Sánchez: mantener el IVA reducido de algunos alimentos otros seis meses; extender el transporte público gratuito de forma permanente para jóvenes y desempleados; y ampliar el código de buenas prácticas bancarias para que los hogares que no puedan pagar su hipoteca por la escalada del euríbor se acojan a las medidas de reestructuración hipotecaria para rentas de hasta 38.000 euros frente a los 30.000 euros actuales.