El apoyo social a las tecnologías limpias para producir luz está fuera de toda duda. La última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) revela que entre el 67% y el 74% de la población apoya esta transformación energética. El rechazo es mínimo, apenas del 5%. De hecho, la prueba más fehaciente de su aceptación es que cada vez que sopla mucho viento o hace mucho sol, el precio de la luz baja por la aportación de estas centrales. Pero cuando se trata de albergar alguna de las instalaciones previstas en sus términos municipales, la cuestión cambia.
Las trabas sociales con las que se están encontrando las promotoras de algunos de estos proyectos suponen un obstáculo más a batir dentro del ya de por sí complejo proceso burocrático para instalar renovables. Desde el momento en el que se presentan los estudios hasta la puesta en marcha de cualquier parque tienen que transcurrir años. Esas trabas son en cierto modo comprensibles porque no es admisible que todos los proyectos se concentren en determinadas zonas mientras que otras, en las que también sopla el viento, por ejemplo, gozan de un cierto privilegio de protección.
Los expertos alertan de «la opacidad de los promotores de cara a la difusión con los vecinos y los ayuntamientos»
En todo caso el tiempo apremia, porque el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) impulsa esta transformación sobre el guión. Pero la realidad es muy distinta. Los parques con grandes aerogeneradores se encuentran con una oposición vecinal que ha conseguido hacerse con un hueco en la agenda pública. La avalancha de parques es la que genera, en cierta medida, temor en la población.
La Fundación Renovables advierte, en este sentido, de «la opacidad de los promotores de cara a la difusión con los vecinos y los ayuntamientos afectados. No ha habido campañas de sensibilización ciudadana de por qué son necesarios y los beneficios que supondrán». En suma, energías renovables sí, pero ordenadas