A día de hoy, el alcalde Rubén Viñuales (PSC) solo puede contar con el único apoyo seguro de Junts per Catalunya en la crisis del contrato de la basura. Por ello, y en vistas de que la nueva adjudicación deberá pasar por el pleno municipal del próximo mes de julio para cumplir con la resolución del tribunal administrativo que excluye a la ganadora del concurso –GBI Paprec–, el máximo representante municipal ha convocado para este jueves–a las 13.30 horas– una Junta de Portaveus en la Plaça de la Font.
Seis días después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic diera la campanada y eliminara a la primera clasificada, este jueves el alcalde abordará con las formaciones de la oposición la situación generada, en base a un informe municipal que apunta a adjudicar el contrato –de 233 millones de euros por diez años– directamente a la segunda clasificada, Urbaser, en detrimento de reiniciar el proceso.
De hecho, los juristas municipales consideran que este paso administrativo no debe pasar por el pleno municipal, sino que debe requerirse directamente la documentación a Urbaser y avalar, posteriormente, un acuerdo del pleno que diga que se «cumple la resolución del Tribunal», que adjudica formalmente el contrato a la segunda. Así lo afirman en un análisis de 15 páginas los altos funcionarios municipales, en el que se defienden de las críticas del tribunal administrativo, que los acusó de que su gestión «no se ajustó a derecho», al aceptar ofertas «con variantes» en un concurso «que no las aceptaba».
ERC, ECP, Vox y no adscritos no quieren adjudicar a la segunda y el PP tiene dudas
El informe firmado por el secretario, el interventor, la jefa de contratación y la de servicios públicos asegura que su actuación se basó en la «proporcionalidad», por lo que se optó por no eliminar a ninguna de las empresas ofertantes, pese a saber que incumplían los requisitos. «El informe también defiende que no excluir es correcto porque cuando las empresas se presentan a un concurso público aceptan de forma obligada las condiciones de los pliegos».
De hecho, los técnicos indican que los incumplimientos de GBI Paprec fueron «pequeñas no coincidencias», que en el caso «del control de la vegetación espontánea no llegó al 1%», mientras que en lo concerniente al taller «fue del 1,09%». De hecho, los técnicos municipales no solo consideran que Paprec no incumplió el pliego ofreciendo llevar la maquinaria a un servicio técnico oficial y no en un taller propio, sino que lo considera una «mejora».
¿Un informe externo?
La resolución del tribunal administrativo ha generado dudas entre las formaciones de la oposición. ERC considera que adjudicar a Urbaser sería «una posible prevaricación», ya que en el mismo texto el tribunal dependiente de la Generalitat aseguraba que las cuatro firmas licitadoras incumplían con los requisitos del concurso público.
Por su parte, ECP cierra la puerta a avalar esta decisión. «Todo nos hace pensar que lo mejor es empezar de nuevo», afirma Jordi Collado. Vox también lo descarta. Asimismo, mientras los no adscritos están «en contra» de adjudicar ya a Urbaser y apuestan por «pedir un informe externo», según afirma Javier Gómez, el PP está analizando la situación. Solo Junts se ha expresado a favor de la decisión del PSC, que a día de hoy no tiene la mayoría garantizada para poder desbloquear una situación que cada día que pasa se complica un poco más.
