El Pla Local de l’Habitatge está caducado desde 2018. Desde que entró en vigor en el año 2012 no se había hecho una revisión de este documento. Esto no tan solo ha impedido conocer la realidad sobre el parque de viviendas de la ciudad, sino que también ha imposibilitado hacer una política clara en materia de vivienda social.
No obstante, una de las prioridades del Ayuntamiento de Tarragona ha sido recuperar los trabajos para ponerlo al día y contar con un nuevo plan que se prevé que esté acabado «en el segundo trimestre de 2020». Así lo confirma el presidente del Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA), Hermán Pinedo, quien asegura que este instrumento «nos proporcionará una radiografía con una visión global de la ciudad y servirá como hoja de ruta de las actuaciones que debemos llevar a cabo en materia de vivienda en esta legislatura».
Su redacción ya está en marcha. Está coordinado por SMHAUSA y en el proceso interviene un equipo multidisciplinar que se encargará, en primer lugar, de analizar y hacer una diagnosis detallada de la situación. A partir de ahí, deberán establecerse unos objetivos y estrategias con los datos obtenidos y, finalmente, definir y programar actuaciones de carácter municipal relativas a este ámbito. Tendrá una vigencia de seis años, de forma que en 2026 debería reiniciarse de nuevo el procedimiento para seguir actualizando su contenido.
Uno de los elementos sobre los que pondrá negro sobre blanco este instrumento será el de la vivienda social. El equipo de Gobierno formado por Esquerra Republicana y En Comú Podem aseguró que este aspecto será una de las prioridades de este mandato y, en este sentido, ya se prevén cambios respecto a la política que se había llevado a cabo en los últimos años. Así, el bloque de pisos protegidos que se está ultimando en la antigua comandancia de la Guardia Civil se prevé que sea la última promoción de venta. «Es un proyecto que supondrá un punto de inflexión ya que la intención es que todo lo que venga a partir de ahora sea de alquiler», argumenta Pinedo. Anticipa que «será un cambio de paradigma importante» que marcará las nuevas actuaciones que quieran ponerse en marcha en adelante.
La Càtedra de l’Habitatge de la URV participa en este proceso de redacción. Desde este organismo, Núria Lambea defiende que se fomente el alquiler. «Uno de los problemas no es que tengamos poca vivienda social, es que si es de venta, al final pasa a manos privadas. Por tanto, cada vez más se apuesta por el alquiler de forma que en un futuro este parque pueda quedar en manos públicas».
Según datos del Ayuntamiento de Tarragona, en el conjunto de la ciudad hay un total de 2.640 pisos de alquiler social. La cifra incluye el stock municipal, de la Agència Catalana de l’Habitatge y de entidades privadas, como La Caixa, que contribuyen en este sentido. El PlaSumándole las viviendas que en propiedad, esto representa más de un 3% del parque de viviendas. Un porcentaje que el Ejecutivo municipal quiere incrementar hasta alcanzar el 4%. «Hace falta vivienda social y de emergencia», apunta Pinedo. Y es que, si quiere cumplir con este objetivo, en los próximos tres años y tres meses deberán ponerse en el mercado otros 130 pisos.
Uno de los proyectos más avanzados en los que se está trabajando a nivel municipal es una nueva promoción que quiere impulsarse en la Vall de l’Arrabassada, en frente del CAP. Allí, el Ayuntamiento tiene un dos solares y la idea es vender uno para construir en el otro. Esto permitirá la construcción de más de una cuarentena de pisos.
Asimismo, el Ayuntamiento dispone de dos edificios en las calles Floresví Garreta y Santillán, que son propiedad de Smhausa y en los que estaba pendiente de firmar un convenio con Incasòl para hacer una permuta y cederlos a la administración de la Generalitat. Sobre al respecto, el concejal de En Comú Podem avanza que ambos proyectos «están paralizados y se está estudiando si nos interesa seguir adelante con lo previsto o ver si lo construimos nosotros directamente y que sea propiedad nuestra».
Una decisión que el Ayuntamiento quiere valorar ya que, precisamente la vivienda, fue uno de los puntos de los que se habló mucho durante la negociación de los presupuestos con la CUP. Esto hizo que la partida que finalmente quedara recogida en las cuentas que se aprobaron antes de Navidad ascienda a 2.497.000 euros. Su disponibilidad está condicionada a la venta de patrimonio un área que también lleva Hermán Pinedo, quien se muestra convencido de que «con las nuevas tasaciones que se están llevando a cabo, como con la finca del Passeig de les Palmeres, podrá desbloquearse».
El PP10, de alquiler
El objetivo es que una parte de este presupuesto permita al Gobierno iniciar un plan de adquisición vía tanteo y retracto. «El Ayuntamiento compra los pisos, los cede a SMHAUSA que se encarga de rehabilitarlos si es necesario y se ponen al mercado en función de las necesidades», explica Pinedo. Es uno de los mecanismos para acelerar la creación de este parque público antes de que se inicien las obras de nuevas zonas residenciales como el PP10, que contará con 400 pisos de alquiler social, o el PMU 34, junto al Nou Estadi.
Lambea asegura que durante el largo periodo de crisis la construcción de vivienda protegida «bajó muchísimo». Asimismo, han salido varios informes en los que se ha denunciado que, a pesar de la elevada demanda, los hay que están vacíos ya sea por el precio, la localización o una gestión ineficiente, entre otros. En este sentido, esta especialista de la URV considera que debe seguir trabajándose para que, cuando se hable de vivienda social, no tan solo se tengan en cuenta las cifras. «Hay que abordar la problemática desde un prisma más global. Tratar la gestión no tan solo proporcionando un piso sino que esta persona tiene unas necesidades propias y, por tanto, hay que ofrecerle unos servicios adaptados», añade.
