Los alcaldes recién estrenados en su cargo pueden respirar, al menos financieramente. Lo peor para las arcas públicas ya ha pasado. Arranca el mandato, en global, con la deuda bancaria de los ayuntamientos más baja de la década, lo que ilustra el brutal y obligado ajuste de cinturón al que han estado sometidos los consistorios. Atrás quedan años de derroche y despilfarro y un último ciclo marcado por las reglas de austeridad y la contención.
Los municipios de la provincia debían, a finales de 2018, un total de 576 millones de euros a los bancos. Son 106 menos que en 2017, tras una reducción de un 15,5% en un ejercicio, algo más que el descenso experimentado un curso antes (14,3%).
Esa es la dinámica instaurada desde 2013, cuando se tocó techo en esa deriva. Por entonces, las instituciones locales tarraconenses adeudaban al banco 1.034 millones, casi el doble que la cifra actual. De hecho, se ha amortizado un 44% de los créditos en seis años, desde ese citado 2013, cuando se superó ese listón de los mil millones tras el Plan de Pago a Proveedores implantado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que permitía liquidar facturas atrasadas, a costa de firmar nuevos créditos y, por tanto, elevar la tasa de endeudamiento. En este periplo se han liquidado 478 millones, a base de esfuerzo, reivindicado por los propios representantes municipales.
«Los que más hemos sufrido»
La letra pequeña de aquella normal estatal también acotaba la gestión económica de las haciendas locales hasta el límite, de manera que todo superávit en las cuentas debía ir a parar a amortizar deuda bancaria; esto es, incluso los ayuntamientos relativamente saneados tenían las manos atadas en la cuestión de inversiones y proyectos. Ahora Hacienda prepara una norma que permita que algunos municipios puedan invertir parte del superávit.
Los entes municipales son ya la administración más saneada merced al afán ahorrador imperante no sólo durante este mandato sino también en el anterior. La queja ha sido recurrente entre los consistorios. «Hemos sido los que peor lo hemos pasado y los que más nos hemos estrechado el cinturón en estos últimos años. Hemos tenido siempre encima la lupa de Hacienda», cuentan algunos de ellos en Tarragona.
El 89% de los municipios lograron reducir la deuda con el banco durante 2018. Es una cifra superior a la del año anterior, cuando fueron el 97%. Así, un total de 21 consistorios la vieron incrementar. Ahí se hallan poblaciones importantes como Valls, Tortosa, Vila-seca, Amposta, Mont-roig del Camp, Roda de Berà, La Selva del Camp, y otras más pequeñas como El Perelló, Paüls, Miravet, Maspujols o Figuerola del Camp.
No hay grandes cambios en la lista de municipios deudores habituales. Creixell, en el Tarragonès, repite en el primer lugar de localidades con una deuda por habitante más elevada. Para salvar totalmente las obligaciones financieras arrastradas por el ayuntamiento, cada vecino debería apoquinar 2.264 euros, unos 200 euros menos que el año anterior. Creixell debe 7,9 millones, según este balance publicado recientemente por Hacienda.
L’Ametlla de Mar también reedita la segunda plaza. El pueblo del Baix Ebre debe por barba 2.098 euros. Son cifras referentes sólo a la deuda viva, esto es, contraída con la banca. Ahí se engloban los créditos financieros, los valores de renta fija o los préstamos o créditos a terceros. No se incluyen conceptos como la deuda comercial o los préstamos concedidos por el Estado a los ayuntamientos.
La tercera posición del podio es para Benifallet, que sube procedente de la quinta plaza. Cada uno de sus censados ‘debe’ 1.737 a las entidades bancarias. La cuarta plaza es para otro clásico, Reus. La capital del Baix Camp ha reducido 36 millones en un año la deuda viva –de 202 a los actuales 166–, siempre según los informes periódicos de Hacienda.
Es otro ejemplo de reformas profundas para sanear las cuentas como liquidar el plan de ajuste y recuperar la posibilidad de ir otra vez a crédito para acometer nuevos proyectos. Eso sí, es la quinta ciudad de España de más de 100.000 habitantes con más deuda per cápita, por detrás de Jaén, Jerez, Parla y Algeciras, los peores ejemplos en saneamiento.
Tarragona, en la zona alta
Tampoco Tarragona se salva de ocupar una plaza de dudosa reputación, pese a las mejorías de los últimos cursos. Es la 14ª ciudad de la provincia que más debe por cabeza. En concreto, cada tarraconense adeuda 959 euros. La capital tarraconense lleva tiempo sumida en una política de esfuerzo económico. En el último ejercicio redujo la deuda viva en 20 millones de euros, acorde con la tendencia generalizada.
No siempre la dimensión pequeña del municipio es garantía para tener cifras reducidas de deudas con el banco. Margalef, Rasquera o El Montmell están en esas primeras posiciones de localidades que más deben por cabeza.
En ocasiones, una determinada inversión en una infraestructura concreta acaba incrementando esa estadística en localidades con un censo reducido. A pesar de ello, hay localidades grandes dentro de los principales puestos de acreedores, más allá de Tarragona y Reus, que aparecen en la zona alta incluso de los rankings estatales. En el ‘top 20’ provincial de deuda viva per cápita figuran El Vendrell, Calafell o Tortosa.
De entre los diez principales municipios de la provincia, ninguno logra tener una deuda cero. Eso sí, Vila-seca es un año más quien más se aproxima a ella. Adeuda 256.000 euros, a pesar de haber incrementado la cifra, pues venía de deber únicamente 14.000. Salou, con un global de 3,2 millones, le sucede a continuación, por delante de Amposta (13,5) y de Valls (17,7).