Las acusaciones del caso Inipro han solicitado al juez la comparecencia de más de sesenta testigos de cara al polémico juicio que, entre otros, sentará en el banquillo al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y a la exportavoz municipal Begoña Floria (PSC). Según los escritos a los que ha tenido acceso el Diari, las personas que serán citadas serán altos cargos municipales, trabajadores y exempleados del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y eximputados del caso, además de policías judiciales y auditores del Estado. A todos estos deberá sumarse el listado que añadan las defensas de los nueve acusados.
Todo parece indicar que el juicio no se iniciará hasta 2022. Justo ahora se han presentado los escritos de acusación, y el siguiente paso será el auto de apertura del juicio oral por parte del juez, que podría tardar meses en decretarse. Será entonces cuando las defensas presentarán sus escritos, el juez dictaminará las fianzas para los acusados y se pasará el caso a la Audiencia Provincial, que será la encargada de juzgar el caso con un tribunal formado por tres magistrados. La previsión es que el juicio se alargue varias semanas, por lo que la sentencia podría dictarse a finales de 2022, a pocos meses de las Municipales de mayo de 2023. En ese momento, aún quedaría la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Supremo.
Antes de la apertura del auto de juicio oral, sin embargo, el juzgado de instrucción debe decidir sobre la personación del Ayuntamiento como acusación particular. Algunas defensas –como la de Ballesteros– han presentado recurso, ya que consideran que el perjudicado es el IMSS y no el Consistorio. Ayer, el abogado contratado por el Ayuntamiento, Ramon Setó, presentó alegaciones en las que justificó que la mayor aportación que recibe el instituto es por parte de la administración de la Plaça de la Font, por lo que esta «sí que ha sido perjudicada».
El PSC, «beneficiario lucrativo»
Analizando las peticiones de comparecencias presentadas por las acusaciones se descubre que hay 13 testigos que son solicitados por las tres partes –Fiscalía, CUP y Ayuntamiento–, así como las de otros tres guardias civiles.
El Ayuntamiento es la acusación que más propone, ya que su listado contempla a sesenta personas, entre las que se encuentran el secretario general del Consistorio, Joan Anton Font; el secretario delegado del IMSS, Manuel Sanmartín; así como el exsubdelegado del Gobierno, Joan Maria Abelló –exalto cargo municipal–. Asimismo, la acusación impulsada por el gobierno de Pau Ricomà (ERC) también pide la intervención en el juicio de 18 guardias civiles, así como de varios agentes de la policía judicial y de un auditor de cuentas del Estado. También se quiere citar a las seis personas que fueron desimputadas hace dos años: Mario Burzuri, Maria Cecilia Mangini, Juan Carlos Lozano , Judith Cepero, Araceli Saltó y Vasile Balteratu.
Asimismo, inicialmente el Ayuntamiento también puso sobre la mesa el nombre del Ministro de Sanidad, Salvador Illa –como secretario de organización–, una propuesta que al final se ha cambiado por el «representante legal» del PSC, que todo parece indicar que será el gerente de la formación socialista, David Fuentes, que es quien cuenta con los poderes legales. Desde la acusación municipal se justifica esta petición en el hecho de que la formación socialista fue la «beneficiaria a título lucrativo» de toda la acción, que según sus conclusiones se realizó para «promocionar y cuidar la imagen institucional del alcalde Ballesteros en los medios de comunicación y en las redes sociales», con un montante de 276.000 euros que tenían como objetivo «la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad». Sin embargo, las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 sospechan que se podrían haber desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC, como la de Tarragona o Viladecans. Esta posibilidad es compartida por la CUP. Por ello, el Ayuntamiento pide 14 años de prisión para Ballesteros –por los 13 de las cupaires– a quien apunta por seis delitos: alteración de precios de concursos públicos; prevaricación; falsedad documental; malversación; tráfico de influencias; y fraude. La CUP, por su parte, pide a 29 testigos –entre ellos 4 policías judiciales–, así como «la lectura de la declaración del difunto Ricard Campàs», exadministrador de Inipro.
La gran duda: el disco duro
Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de cinco años y ocho meses de cárcel para el que fuera alcalde entre 2007 y 2019, a quien acusa de cinco delitos –prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil– y por el que solicita, además, la inhabilitación «para todo cargo o empleo público» durante el tiempo que dure la condena, así como al pago de «12 euros diarios durante 22 meses», lo que supondría unos 8.000 euros de sanción. De hecho, el Ministerio Público quiere el testimonio en el juicio de 18 guardias civiles, 13 testigos relacionados con el IMSS y las empresas implicadas, y propone como pruebas actas, certificados, correos, memorias, informes y los registros realizados.
Sobre todo ello, fuentes de las defensas recalcan que una parte importante del juicio se disputará en las cuestiones previas, que es cuando se decidirá si se acepta como prueba el polémico disco duro que apareció cuando lo facilitó un funcionario del IMSS. Este material no estaba en las dependencias municipales que fueron registradas por la policía judicial, por lo que las defensas creen que este debe desestimarse porque podría haber sido manipulado. Si esto se confirmara, el escenario podría dar un giro de 180 grados y todo estaría abierto de cara al juicio más mediático de los últimos años.
