El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado el visto bueno ambiental a la línea de muy alta tensión (MAT) Valmuel-Begues que cruzará la provincia para traer energía renovable de Aragón a Catalunya.
Lo ha hecho con numerosos condicionantes, tumbando algunos de los aspectos que se planeaban, pero otorgando el aval general a una serie de proyectos que incluyen también la evacuación de esa energía hacia Catalunya. Es una iniciativa que ha generado un rechazo prácticamente unánime en el territorio, desde los 32 municipios afectados (de un total de 41 en Catalunya), a la Diputació, pasando por la Generalitat.
El Departament d’Acció Climàtica, consultado por el Diari, no quiso ayer hacer valoraciones sobre este punto de la tramitación.
Este visto bueno es solo un primer paso, al que después deberán seguir otros trámites fundamentales como la autorización administrativa y de construcción, en fases donde también Catalunya tendrá voz y podrá intervenir en diferentes sentidos. Cabrán también alegaciones y eventuales modificaciones, pero lo cierto es que es la primera piedra de un proyecto contra el que el territorio se había revuelto y que rechazaba en su totalidad por el impacto de las torres de alta tensión. De hecho, se habían presentado centenares de alegaciones en diversas instancias.
Parques eólicos y solares
El BOE ha publicado este pasado 1 de mayo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de varios parques solares y eólicos en Aragón y sus correspondientes infraestructuras de evacuación: «Se trata de un proyecto conjunto, denominado por el promotor «Clúster Begues 400». Eso incluye plantas fotovoltaicas, parques eólicos, subestaciones transformadoras, centro de seccionamiento, así como «la infraestructura necesaria para evacuar la energía hasta el punto de conexión concedido en la subestación eléctrica Begues 400 kV (Barcelona) y propiedad de Red Eléctrica Española», indica el BOE.
También recuerda el Boletín que el proyecto atraviesa siete de las diez comarcas tarraconenses: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès y Baix Penedès. Esta aprobación corresponde a la infraestructura principal, no a los ramales secundarios, que discurrirá por 154,4 kilómetros por Catalunya. En total, el entramado entre Valmuel, provincia de Teruel, y Begues, a las puertas del área metropolitana, es de 180 kilómetros. El BOE recoge algunas «modificaciones realizadas al proyecto original».
Se elimina al completo el parque eólico El Pelado por afección a la servidumbre aérea de Zaragoza, y se cambia la ubicación de varias subestaciones, trazados y aerogeneradores. Algunos molinos también quedan eliminados. Todo ello se hace por contemplar protecciones muy diversas de especies como el quebrantahuesos u otras aves en peligro se extinción.
El Ministerio traslada numerosas responsabilidades a la empresa que se debe hacer cargo: «Para minimizar los impactos previstos, el promotor propone medidas protectoras, correctoras y compensatorias».
Además, «el promotor prevé el desarrollo de un estudio de seguimiento de la avifauna para cada una de las instalaciones pertenecientes a la infraestructura de evacuación durante el primer año de funcionamiento». Asimismo, «se propone la implantación en las líneas aéreas de señalización anticolisión para la avifauna como catadióptricos, balizas luminosas, giratorias y espirales. Por otro lado, se procederá a la implantación de placas anticolisión en el vallado de las subestaciones».
Una de las posibilidades sobre la mesa es soterrar parte del trazado de alta tensión que se proyecta. El BOE recoge que la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat plantea el soterramiento de tramos «en aquellas zonas donde técnicamente es viable», en un abanico entre un mínimo de 27 y un máximo de 64,71 kilómetros. Su propuesta final es de mínimos, porque aplica condicionanente socioeconómicos, eliminado el soterramiento de tramos en los viñedos del Penedès y DO Tarragona. «Estos soterramientos –expone el Ministerio– se consideran muy positivos para minimizar los impactos sobre muchos de los vectores ambientales analizados, como son el riesgo de colisión para diversas especies de avifauna, el impacto paisajístico o la ocupación de suelo». La parte final que acabe bajo tierra queda, pues, pendiente.
La Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya señala, en su informe de 14 de abril de 2023, que la viabilidad del proyecto quedará condicionada a futuras aportaciones de documentación y a la autorización ambiental del conjunto de la línea eléctrica en su corredor propuesto.
Un largo camino por delante
La resolución del BOE también establece que «se deberá contar con la conformidad al proyecto por parte de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya con anterioridad a la autorización administrativa de construcción». Queda, por tanto, mucho camino por delante hasta que el proyecto avance y se concrete, aunque, de momento, el Estado se ha posicionado avalando ambientalmente el proyecto.
El Ministerio concluye, así pues, que «se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada». Dibuja, así, el escenario en el que «se debe desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o sectoriales que resulten legalmente exigibles». Este ‘sí’ queda sujeto a toda una serie de obligaciones para minimizar el impacto en multitud de ámbitos.
Forestalia, la promotora, festeja la aprobación de 12 parques eólicos y uno fotovoltaico claves para esas torres de alta tensión que se van a desplegar por el territorio. «De los 907 megavatios (MW) de potencia que sumaban los proyectos previstos inicialmente, han recibido declaración ambiental favorable instalaciones que suman 584,5 MW», apunta la compañía, que celebra que se incluyan «las líneas de evacuación hasta el punto de conexión autorizado por Red Eléctrica en el municipio catalán de Begues, y obligan al soterramiento de en torno a 70 kilómetros», Aragón incluido.
De 19 parques iniciales proyectados, 13 han obtenido declaración favorable, dos eólicos han sido descartados por la administración y cuatro fueron reconsiderados por el promotor. Todo ello debe generar la energía que se acabe trasladando a Catalunya mediante esa extensa red de conexión.
La compañía añade: «La declaración ambiental incluye sistemas de detección de avifauna y parada automática de aerogeneradores y un plan de vigilancia ambiental, tanto en la construcción como durante toda la vida útil de las instalaciones». Forestalia indica que «la mayoría de instalaciones han sido favorables y en otras piden cambios de ubicación» y apunta: «Cumpliremos con todos los requisitos que se trasladen desde las administraciones y somos sensibles a la oposición que ha levantado el proyecto».
La Generalitat alegó por los «perjuicios sobre Catalunya»
El Ministerio avala ambientalmente el corredor de alta tensión pese a las abundantes alegaciones del Govern. Así se expresaba la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, hace meses: «Presentamos las alegaciones desde tres direcciones generales: energía, agenda rural y políticas ambientales. Son alegaciones extremadamente justificadas, de impacto ambiental y diversidad, de ocupación de territorio en espacios de interés agronómico».
El Diari ha tenido acceso a algunas de esas alegaciones que hizo en su día de la Direcció General d’Energia. El organismo argumentaba que «plantear una evacuación de más de 180 kilómetros de línea eléctrica aérea a 400 kV con varios circuitos comporta una gran ineficiencia eléctrica». Calificaba de «inaceptable» el expediente por «la pretensión del promotor de concentrar los perjuicios en Catalunya (evacuación) y los beneficios del proyecto en Aragón (generación)».
Mencionaba una «clara vulneración» por no generar «ninguna compensación territorial» y criticaba la «estrategia del promotor de dejar a la Generalitat fuera del procedimiento administrativo, cosa que aleja la toma de decisiones del territorio colisionando con los principios fundamentales de la estrategia de energía y clima vigentes por todas partes». Denunciaba ausencia de información de la empresa hacia el territorio o falta de planteamientos de participación ciudadana. La Direcció d’Energia emitía su posicionamiento «desfavorable» al proyecto.
Forestalia, la promotora, respondió. Consideró «que sí se está dando una verdadera participación ciudadana en la tramitación del presente proyecto», que sí se han mantenido reuniones con los ayuntamientos y que no hay perjuicios a Catalunya, dado que «el proyecto representa un importante aporte de energía renovable al área metropolitana de e industrial de Barcelona, lo que sin duda permitirá avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».