Un señor compra una televisión y no la paga. Un abogado lo investiga y descubre que está jubilado y que cobra una pensión inferior al salario mínimo interprofesional. No responde al proceso monitorio y, por lo tanto, se le presenta una demanda ejecutiva. A posteriori, se le realiza una averiguación de patrimonio y se descubre que tiene una finca a su nombre, la cual se embarga y se pone en subasta. Todo a raíz de un proceso que está aumentando cada año.
Los procedimientos monitorios están de moda en Tarragona y en todo el Estado español. Tan es así que, en la demarcación, se presentaron, en 2022, 19.841 procesos, un 27,8% más que en 2021 –cuando fueron 14.321– y un 124,3% más que en 2017, que cerró con 8.844 monitorios.
En el conjunto de España, hubo 956.254 procesos presentados en 2022, un 18% más que en 2021 –con 804.686 casos– y un 88,9% más que cinco años antes. Cada vez más gente se suma a los procesos monitorios, pero, ¿en qué consisten en realidad?
Las deudas están incrementándose por la crisis. Sin embargo, en algunas ocasiones, los acreedores se plantean si les sale rentable acudir a los tribunales para exigir que se le abone la cantidad devengada. «Antes de decidir si es buena idea visitar a los jueces, hay que tener en cuenta si realmente merece la pena, dependiendo de lo que te deban», reconoce el abogado Christian Martínez, especialista en este tipo de procesos. Suele asesorar a empresas a las que no les han pagado algún servicio determinado: «Por ejemplo, una constructora que hace una obra y no cobra, cosas puntuales», especifica.
«Antes de presentar un monitorio, hay que ponderar si es buena idea según la cantidad a cobrar», Christian Martínez, abogado
Cuando se analiza a una persona física o jurídica que no paga, el abogado lleva a cabo un estudio sobre la solvencia del deudor: «Ver si tiene un capital social bueno, si deposita las cuentas anuales... Si la empresa no es solvente, igual conviene saber si esta compañía forma parte de un grupo empresarial», relata Martínez. En palabras del abogado y presidente de la Comissió de Dret Bancari del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Joan Andreu Reverter, «siempre que hay una situación de crisis, crece la morosidad y, por ende, los monitorios, que son cortos y fáciles de hacer». «Son oportunidades para negociar», apunta.
Según Martínez, «la cantidad de monitorios está subiendo porque, a priori, es una solución rápida para cobrar una deuda que ya se puede reclamar, ya que no hay discusión posible sobre el fondo». Pone el ejemplo de una empresa o particular que contraten algún servicio y, al final, la persona o empresa contratada no abone la factura. Para Javier Mazariegos, abogado especialista en JS Advocats, «el hecho de que se pueda ir sin abogado provoca que mucha gente apueste por esta opción».
«Siempre que hay una situación de crisis, la morosidad aumenta», Joan Andreu Reverter, presidente de la Comissió de Dret Bancari del ICAT
Los fondos buitre, al acecho
Se están dando casos de fondos buitre que están comprando carteras a los bancos para luego poder exigirlas a través de demandas por procedimientos monitorios. «Un banco no se molesta en poner una demanda por un descubierto de 3.000 euros», afirma Mazariegos. «En cambio, un fondo buitre compra mucha deuda y pone monitorios por 3 o 4.000 euros; si la gente cree que lo debe, no suele contestar y entonces te ejecutan», añade.
Pero se puede dar el caso de que sí que haya una respuesta por parte del deudor. En estas situaciones, según Mazariegos, «los fondos buitre tienen las de perder, las defensas suelen tener muchos motivos de oposición contra ellos; puede que no ganen, pero los deudores, normalmente, reducen la cantidad». Los casos de las tarjetas revolving son los típicos que se suelen ganar. «Cuando compran cantidades importantes de crédito, muchas veces no tienen toda la documentación sobre el tema porque la han perdido por el camino», revela Reverter.
«Hay fondos buitre que compran la deuda a bancos para luego exigirla», Javier Mazariegos, abogado
¿Cómo se hace?
Para iniciar un monitorio, la presentación debe ir acompañada de las facturas acreditativas de la deuda. No es necesario contar con los servicios de un abogado ni de un procurador. No obstante, si el deudor se niega a pagar la deuda o no la reconoce, sí que es necesario un letrado para el pleito, siempre y cuando la cantidad sea superior a los 2.000 euros. «Igualmente, siempre se recomienda contar con un abogado», indica Martínez.
En el caso de que se produzca una oposición, se procede a un juicio verbal, si es una cantidad inferior a 6.000 euros, o a uno ordinario, si es superior. «En los sucesivos juicios, el deudor debe mantener el motivo que le ha hecho oponerse al monitorio, no se admite un cambio de versión», avisa Martínez.
«La Segunda Oportunidad es una buena ley para deudores de buena fe», Jaime Campá, copresidente de la Sección de Derecho a la Segunda Oportunidad del ICAT
El proceso puede derivar en dos escenarios más: que la persona acusada pague o que no se manifieste. Si se resuelve, el procedimiento se acaba y el deudor se ahorra pagar costas judiciales si la cosa va más allá. Si no contesta en un plazo de veinte días, también se pone fin al procedimiento y se pasa al proceso de ejecución. En el caso de que se embargue algún bien, debe ser proporcional según la deuda.
La lentitud de la justicia
Los juzgados están colapsados. La cantidad de procesos que entran a diario provoca que el tiempo de espera medio de los juzgados mercantiles en Catalunya sea de catorce meses. A finales de 2022, había 66.607 asuntos en trámite en la demarcación de Tarragona. En el mismo punto de 2021, el dato era de 60.858. Antes de la pandemia, en 2019, los asuntos pendientes eran 51.541. Y, en 2015, eran 42.591.
Sin embargo, Martínez advierte de que, en los últimos tiempos, este tipo de procesos están perdiendo efectividad: «Cada vez los veo menos útiles», reconoce. Pone el ejemplo de alguien que no pague la cuota de una comunidad de vecinos. «Se acuerda presentar un monitorio para reclamar el dinero de enero a septiembre, por ejemplo, pero si la persona se niega o no tiene bienes, se alarga mucho el proceso, con lo cual, la persona seguirá sin pagar la cuota y, en los monitorios, no puedes ampliar la cantidad demandada», explica Martínez. Por lo tanto, debería iniciarse otro proceso. «A mí me vienen con una reclamación de deuda de 30.000 euros y yo pongo un ordinario, ya que no me fío», reconoce Mazariegos.
La crisis económica provoca que crezca la morosidad, tal como reflejan los datos. Este hecho arroja más casos a los juzgados de la demarcación, fuertemente colapsados. En consecuencia, y ante deudas de una cantidad no excesivamente elevada, los procesos monitorios son cada día más habituales para esquivar el caos.