El equipo de la exconsellera de Justicia Gemma Ubasart archivó el pasado mes de julio, poco antes de dejar el Govern, la investigación interna que había abierto para aclarar el papel de los funcionarios de prisiones en las movilizaciones que el pasado mes de marzo bloquearon las cárceles catalanas.
Según han informado fuentes del Departament de Justícia, la conselleria abrió una información reservada para determinar si podía haber alguna infracción en la conducta de los funcionarios, que durante varios días mantuvieron bloqueados los accesos de las prisiones en las movilizaciones por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona).
El bloqueo llegó a tensionar la situación en las cárceles, donde miles de presos tuvieron que permanecer confinados en sus celdas por la falta de personal y se suspendieron sus visitas con familiares y con sus propios abogados, lo que motivó que se abriera una investigación judicial y otra de la Síndica de Greuges por posible vulneración de derechos humanos.
El pasado 4 de julio, con la consellera Ubasart en funciones, el Departament de Justícia resolvió archivar la investigación interna abierta al concluir que no se había detectado ninguna actuación "susceptible de reproche disciplinario" entre el personal penitenciario durante las movilizaciones.
Media docena de entidades pro derechos humanos, entre ellas Justícia i Pau, la Asociació de Presxs de Catalunya e Iridia, han lamentado haberse enterado por los medios del archivo de la investigación cuando fueron ellas las que presentaron la denuncia que motivó la investigación interna.
Asimismo, expresan su "estupor" e "indignación" por el cierre de la investigación dado que, a su parecer, el régimen disciplinario debería aplicarse "drásticamente" a los funcionarios que provocaron el bloqueo por "un grave desistimiento de funciones".
"Nadie se imaginaría utilizar a niños en escuelas ni a pacientes enfermos en hospitales para ejecutar acciones similares", sostienen las entidades en su comunicado, tras recordar que en la investigación emprendida por la Síndica de Greuges "ha quedado acreditado" que el bloqueo de la cárcel supuso una vulneración de los derechos de los reclusos.