El pleno de la Diputació de Tarragona aprobará este viernes rebajar un 82% el canon que paga la empresa gestora de la Tarraco Arena Plaça (TAP) –Agència de Publicitat Internacional Catalana (APIC)– que, debido a la paralización de la actividad a raíz de la Covid-19, pasa a ocupar solo el inmueble auxiliar del recinto ante la ausencia de eventos –y de ingresos– desde el pasado mes de marzo, cuando surgió la crisis sanitaria y, posteriormente, económica por el coronavirus.
La propuesta que pasa esta semana por el ente del Passeig de Sant Antoni –y que con toda probabilidad será avalada de forma unánime por ERC, Junts, PSC y Ciutadans– comportará que la empresa concesionaria pase a pagar un canon mensual de 1.204 euros, por los 6.599 que abona en la actualidad, debido al hecho de que, por la situación y restricciones actuales, «no puede realizar su actividad como antes de la pandemia», según se resalta en el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico.
Tras meses de inactividad, ambas partes llegaron hace semanas a un acuerdo para suspender el contrato de concesión de las instalaciones, que se firmó el 13 de marzo de 2013 y que tiene vigencia hasta 2023, más dos posibles prórrogas de cinco años más. En este sentido, este viernes se dará un paso más y se acordará «limitar el objeto del contrato a la posesión del edificio auxiliar», que supone un 18% del recinto. De esta forma, según se indica en el texto, la empresa gestora «puede disponer de oficinas para poder trabajar en la reanudación de espectáculos, que por regla general requieren de un trabajo previo de preparación».
A consecuencia de ello, la administración supracomarcal recuperará la posesión del edificio principal «para poder cubrir las necesidades que en cada momento surjan a causa de la pandemia». Pese a ello, se recalca que la gestora «tendrá la obligación de vigilar el recinto», mientras que también asumirá el 18% de los tributos del IBI, la recogida de la basura, los vados y el seguro del inmueble. Asimismo, también abonará el 100% de los consumos de agua y electricidad, y el 18% de la parte fija de estos dos servicios, así como el 50% del servicio de ascensor y el 70% de la telefonía.
La modificación del contrato tendrá vigencia desde la finalización del Estado de alarma –el 21 de junio– hasta el próximo 10 de diciembre, «sin perjuicio de que se pueda adelantar o retrasar la fecha de finalización si se dan las circunstancias que hagan posible una explotación como la existencia» de antes de la pandemia, según se relata en el documento. A lo largo de la crisis por la pandemia, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó (ERC), ha reivindicado que el paquete de medidas que se han adoptado con la gestora de la TAP se ha hecho para «no perjudicar a la empresa», y recalca que «cuando sea necesario se retomarán las condiciones de antes del coronavirus», ya que «hay comprensión entre las dos partes».
Desde el PSC se apoyará la propuesta redactada por el Cap de Servei de Patrimoni de la corporación provincial. «Debido a la excepcionalidad del momento, se acuerda que el concesionario pague lo mínimo para poder seguir trabajando y la parte proporcional de los servicios», indica el presidente del grupo provincial socialista, Josep Fèlix Ballesteros, quien recuerda que el sector del ocio «es de los más perjudicados por el coronavirus», lo que «ha generado un importante impacto económico». Por todo ello, desde el PSC se considera «un acierto» tanto la suspensión de la concesión como la modificación temporal del contrato, ya que la TAP «es un equipamiento estratégico, tanto para la ciudad como para el conjunto del territorio».
En la misma linea se expresa el portavoz del grupo de Ciutadans, Rubén Viñuales. «Es un buen ejemplo de justicia impositiva de la administración con aquellos que han sufrido los efectos de la pandemia debiendo cerrar su actividad», asegura el representante de la formación naranja, quien recalca que «debería cundir el ejemplo en el resto de administraciones», en una clara referencia al Ayuntamiento de Tarragona, donde él mismo lidera a su partido en la Plaça de la Font.
21.500 espectadores hasta marzo
Hasta la paralización a raíz del coronavirus, durante este 2020 la Tarraco Arena Plaça había mantenido actividad en 37 días hasta el pasado 13 de marzo, albergando a un total de 21.500 espectadores. La mitad de las personas que pasaron por el equipamiento fue por Big Jump, entre el 4 de enero y el 4 de febrero, si bien también tuvo repercusión la Disfressa d’Or, celebrada el pasado 16 de febrero y que contó con la asistencia de unas 4.000 personas. Las bandes de Setmana Santa, Miki Núñez y la Hija de la Luna, con unos 2.000 asistentes, fueron los otros eventos.
«La temporada 2020 pintaba muy bien. Teníamos muchas actividades en todos los ámbitos, tanto musicales como corporativos. Incluso para mayo se había previsto un nuevo formato de circo acuático que se ha quedado en la intención, pero trabajaremos para que lo podamos recuperar», aseguraron hace meses fuentes de la empresa gestora durante el confinamiento decretado por el Estado de alarma. En este sentido, el espacio lleva ya seis meses sin albergar ningún tipo de evento, un hecho que provocó que la compañía gestora adoptara un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectó a la mitad de su plantilla en la ciudad: cinco personas.
De hecho, las expectativas de este año eran superiores a los números de 2019, cuando se acreditaron 97 días de actividad y 118.215 espectadores, con la Feria Outlet (18.000) y la Expo Dinosaurios (16.000) como principales estandartes. Cabe señalar que el año pasado estuvo marcado por la limitación horaria a la que le obligó la justicia por exceso de ruido, y que no le permitió realizar conciertos entre las 21 horas y las siete de la mañana durante varios meses. En noviembre, tras adaptarse a las exigencias, se retomó la normalidad. Este 2020, además, también estaba programada la Biennal de Castells, que en su doble jornada en la ciudad reúne a unas 20.000 personas, y que finalmente también se ha suspendido.
