Hace justo dos años, el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, era el primero en desinflar las posibles consecuencias legales del caso Inipro. El 16 de junio del 2022 el máximo responsable del órgano judicial se mostró convencido de que, en caso de que haya condenas, estas se verían reducidas por las «dilaciones indebidas» de un caso que lleva ya más de una década en tramitación sin haber llegado a juicio.
A juicio de Perarnau, esta situación podría comportar una atenuante de uno o dos grados para los posibles condenados, por la tramitación de una instrucción que no se ha realizado en un plazo «razonable».
De hecho, este 2024 se cumplen once años desde la explosión mediática del caso Inipro, que seguramente en 2025 sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) –por el que la Fiscalía pide una pena de prisión de cinco años y ocho meses– y a la que fuera portavoz del gobierno socialista entre 2007 y 2019, Begoña Floria, por quien el ministerio Público solicita cuatro años y 10 meses de cárcel.
276.000 euros
La causa se refiere a un contrato firmado en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y la empresa Inipro, que se prorrogó durante dos ejercicios consecutivos por un montante global de 276.000 euros para «la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad».
Las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 investigan si se habrían desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans.
Ahora, 25 meses después del primer anuncio de Perarnau, la jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Gavà da un nuevo paso para deshinchar la fuerza del caso: archiva la pieza separada del caso contra doce personas, entre las cuales se encuentra un exteniente de alcalde de Viladecans.
En el auto, la magistrada da carpetazo a la causa, al considerar que los hechos «han prescrito». En el caso del exteniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero, acuerda exculparlo al descartar «indicios de delito».
Sin fecha para el juicio
Las fuentes consultadas del PSC y de las partes implicadas consideran que la decisión en el Baix Llobregat «no vincula» lo que pueda suceder en la causa principal de Tarragona. Pese a ello, desde la formación socialista se afirma al Diari que el paso confirmado este martes es «muy significativo». «Tenemos plena confianza en los compañeros implicados, y si se archiva allí parece difuminar que hubiera una trama organizada», detallan desde el PSC.
De momento, lo cierto es que la causa sigue bloqueada: no hay ni fecha para juzgar un caso que, cuanto más tiempo pasa, parece que va perdiendo fuerza a la espera del sprint final: el macrojuicio más mediático de la historia reciente de la ciudad.
