Una jueza de Gavà ha archivado la causa abierta contra doce personas, entre las cuales se encuentra un exteniente de alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), en una investigación derivada del caso Inipro de presunto desvío de fondos al PSC por el que será juzgado el exalcalde socialista de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros. En un auto, el Juzgado de Instrucción número 8 de Gavà archiva la causa al considerar que los hechos investigados han prescrito y, en el caso del ex primer teniente de alcalde de Viladecans Joaquín Guerrero, acuerda exculparlo al descartar indicios de delito.
La investigación, abierta en 2016 y que comportó varias detenciones -entre ellas la de Guerrero-, deriva de la causa en la que el exalcalde de Tarragona y varios exconcejales están a la espera de juicio, acusados de un presunto desvío de fondos del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) a la formación socialista local mediante la contratación supuestamente irregular de la empresa Inipro. En la pieza derivada, la jueza de Gavà investigaba también a varios cargos municipales por la supuesta contratación irregular de Inipro por parte del consistorio de Viladecans, aunque en junio de 2023 el Ayuntamiento presentó un informe pericial que sostenía que la licitación había seguido las vías legales y no había provocado ningún perjuicio económico a las arcas municipales.
Tras este peritaje, la Fiscalía presentó un informe ante la jueza en el que situaba las contrataciones supuestamente irregulares entre los años 2008 y 2009, por lo que los delitos de alteración de precios y de fraude que apreciaba en el caso habrían prescrito. La jueza considera correctos los cálculos de prescripción que señala la Fiscalía, por lo que acuerda archivar la causa para el grueso de imputados, teniendo en cuenta que la investigación sobre las supuestas irregularidades en la contratación de Inipro no se inició hasta julio de 2021.
Respecto al exteniente de alcalde, que estaba siendo investigado por solicitar al director general de Inipro unos servicios de monitores para un acto de campaña electoral y por la contratación de un técnico, la Fiscalía solicita el archivo al concluir que no hay indicios de delito. Al retirar los cargos la Fiscalía, que era la única acusación del proceso, la jueza no tenía otra opción que archivar el proceso para el exteniente de alcalde.