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El PSC de Tarragona ha defendido la inocencia de sus regidores Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de la ciudad, y Begoña Floría, procesados por un caso de presunta corrupción, ha dicho que no dimitirán como pide el equipo de gobierno y ha acusado a ERC y el ejecutivo local de "el uso extremadamente partidista" que hacen del caso.El juez del llamado caso Inipro envió el viernes a juicio al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (suspendido de militancia en el PSC por su procesamiento) y le impuso una fianza de hasta 376.290 euros, así como otra de hasta 276.121 al Partido Socialista, por el presunto desvío de fondo del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) al partido.
En su acta, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona decretó la apertura de juicio oral contra el exalcalde, la regidora socialista Begoña Floría, la exregidora de Servicios Sociales Victòria Pelegrín, el exjefe de gabinete de Ballesteros y el exgerente del IMSST, así como cuatro investigados más por el supuesto desvío.
Después del acto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, integrado por regidores de ERC, JxCat y la CUP, pidió ayer a Ballesteros y Floría que dimitan y abandonen su lugar de ediles después de la apertura de juicio oral. El PSC señala en un comunicado que la apertura "como era de esperar" del juicio oral "es una buena noticia que permitirá finalmente a los implicados defenderse, poniendo fin al largo periplo y al injusto trato que han vivido en los últimos años".
El partido destaca que tiene "el pleno convencimiento de su inocencia" al mismo tiempo que reclama respeto "a la presunción de inocencia, que es uno de los cimientos de todo el sistema penal democrático" y avanza su continuidad "en el cargo para el cual fueron elegidos directamente y democráticamente".
"Queremos denunciar -agrega el comunicado- el uso extremadamente partidista que desde ERC de Tarragona y el gobierno municipal se está haciendo de este tema, con la única intención de desprestigiar políticamente a los socialistas". El PSC rechaza del gobierno local "su permanente y selectivo desprecio a la presunción de inocencia, y especialmente el uso de todos los medios institucionales y municipales para intentar sacar rédito político".
El partido socialista atribuye estas acciones, que califica de "malas artes", de intento "de borrar el legado de Ballesteros", "conseguir lo que no consiguieron a las urnas", y "justificar la ineficacia y desorden de su alianza 'antiballesteros' para hacer 'un gobierno frankenstein' unido solo por la rabia y el odio". En el acto de apertura de juicio, el juez fijó una fianza de 367.290 euros a los nueve acusados, entre ellos el exalcalde socialista, una cantidad que tendrán que pagar de forma solidaria en un plazo de diez días bajo la amenaza de embargo.
También impone fianzas solidarias a los seis responsables de título lucrativo del desvío de fondo, entre los cuales figuran varios extrabajadores de las empresas que supuestamente facilitaron el desvío y el PSC, aunque en el caso del partido fija como límite pagar una cantidad máxima de 276.121 euros.
La causa, abierta raíz de una denuncia presentada por la CUP, se centra en el presunto desvío de dinero del IMSST al PSC a través de una empresa afín al partido, Iniciativas y Programas (Inipro), que el juez considera que pudo facilitar la financiación irregular de la formación socialista.