El juicio del polémico y mediático caso Inipro ya está un poco menos lejos. Según informó ayer el diario El Món y pudo contrastar el Diari, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ordenó el pasado 5 de agosto remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial «para su reparto a la sección penal que por turno corresponda», ya que será este el organismo que juzgará, entre otros, al exalcalde socialista Josep Felix Ballesteros y a la exportavoz municipal Begoña Floria.
La diligencia fue notificada este pasado lunes a la acusación particular (la CUP), a la acusación popular (el Ayuntamiento de Tarragona) y al Ministerio Fiscal, así como a los nueve investigados y a las cinco personas que siguen en el proceso como responsables civiles y a las dos personas jurídicas que también figuran con responsabilidad civil subsidiaria –PSC e Inipro– por la gestión del contrato firmado en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la propia empresa Inipro. Este tenía como objetivo la «intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad», pero las diligencias ordenadas por el juez desde 2015 sospechan que se podrían haber desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans.
Nueve años en investigación
El paso dado por el magistrado significa, pues, que el caso cierra una fase de instrucción que se ha alargado por espacio de nueve años después de que, en 2013, la CUP presentara la denuncia ante Fiscalía. Desde entonces, la Guardia Civil entró en octubre de 2015 a diferentes sedes del Ayuntamiento para buscar información y, asimismo se han llevado a cabo detenciones de varios acusados en un caso que ha supuesto un auténtico tsunami en el día a día de la Plaça de la Font.
A raíz de todo ello, la Fiscalía pide a Ballesteros una pena de cinco años y ocho meses de cárcel al considerar que existen indicios de que cometiera cinco presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, añade en su escrito los delitos de alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; y abuso en el ejercicio de la función pública, por lo que propone una pena de 13 años de prisión, por los 14 años y tres meses que solicita el Ayuntamiento.
¿Ricomà deberá declarar?
Con todo este escenario, en abril de este año el juez dictó el auto de apertura de juicio oral, solicitando que entre todos los acusados y responsables civiles subsidiarios abonasen una fianza de 367.290 euros. Según las fuentes consultadas, más de 276.000 han sido aportados por el PSC.
Ahora, dos serán los pasos que marcarán nuevos puntos de inflexión en el caso. El primero será el anuncio de la fecha en la que se llevará a cabo el juicio –que todo parece indicar que será ya en 2024–, así como la previa para decidir qué pruebas y testigos se aceptan de cara a la vista oral. En este último punto será determinante saber si se acepta el disco duro aportado tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento.
Asimismo, el tribunal deberá decidir si avala la petición de la defensa de Ballesteros para que el actual alcalde, Pau Ricomà (ERC), declare ante el juez sobre los decretos que ha firmado desde 2019 para evitar «enriquecimientos injustos» del Ayuntamiento, que es precisamente lo que argumenta el exmáximo Primer Edil que avaló por escrito para desviar las repercusiones legales que al final serán juzgadas. Alea iacta est.
