«Es un tema que nos preocupa mucho», afirma el secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort. «Hay algo que no se está haciendo bien, las políticas de prevención se están dejando en manos de terceros», añade. Albert Ferré, socio de Ferré, advocats de persones, especifica que «ha habido una cierta relajación, también reducción de costes, falta de formación y un entorno con mayor voluntad de producción».
Pese a que los dos años en los que la Covid alcanzó su pico registraron un total de accidentes laborales similar al que se venía dando –el descenso en 2020 se debe al confinamiento–, la cantidad de fallecidos sí que ascendió, de entre tres, cuatro y cinco entre 2012 y 2019 hasta once en 2020 y en 2021. En 2022, las diez muertes mantienen la línea de los dos años anteriores, aunque el total de accidentes refleja un dato al que no se llegaba desde el año 2008, en el que se registraron 14.709. Con la pandemia, los números se redujeron un 22% gracias al confinamiento y al teletrabajo. En 2021, el total de accidentes fue de 9.622 y, en 2022, ha continuado la tendencia alcista que se venía dando desde 2013.
Para Llort, «hay muchas empresas que esconden los accidentes y las mutuas los pasan a la sanidad pública como bajas de enfermedad común». Roger Corbera es abogado laboralista en Reus y comenta que «muchos trabajadores tienen miedo y no denuncian porque no se sienten seguros», añade. En algunos casos, según el abogado, se dan despidos por bajas prolongadas: «La jurisprudencia dice que, a menos que sea una discriminación flagrante, te pueden echar; a veces falta que los trabajadores conozcan bien las leyes y que los jueces fallen in dubio pro operario (ante la duda, a favor del trabajador)».
Ferré, que suele trabajar con casos de lesiones graves, explica que «en ocasiones, las empresas se ponen de acuerdo con las mutuas para que den de alta al trabajador y así efectuar el despido». «Las familias no suelen tener problemas en denunciar, hay trabajadores que tienen una especie de síndrome de Estocolmo y se autoinculpan porque tienen miedo de perder el puesto», añade.
Tarragona empezó el siglo con 17.357 accidentes con baja. Un dato que se fue reduciendo progresivamente con los años y que en 2012 llegó a los 6.886 –la menor cifra de los últimos 21 años–. A partir de ahí, el total fue aumentando hasta los 10.050 de 2019. Es cierto que los niveles de paro eran superiores entonces y, al haber menos gente empleada, los accidentes también eran menores.
Sin embargo, el índice de incidencia de 2022, de 3.480,47, es inferior al de años con menos accidentes como 2016, cuando hubo 8.875 y el dato se situó en 3.693,90. El índice de incidencia mide el número total de accidentes por cada 100.000 afiliados. «Las causas aún siguen siendo fácilmente detectables», expone la responsable de salud laboral de CCOO en Tarragona, Elizabeth Foix.
Un 68% en el sector servicios
Por sectores, el que más casos ha experimentado es el ámbito de los servicios, con un 68% del conjunto de accidentes. En total, fueron 7.663 percances leves, veinte graves y seis mortales. La construcción fue el segundo con más muertes, con cuatro, por nueve emergencias graves y 1.352 leves. El sector de la industria sufrió 1.778 accidentes leves, 17 graves y ninguno mortal. El menos perjudicado fue la agricultura, con 405 accidentes leves y tres graves. «En el sector servicios es donde hay más precariedad», comenta Llort.
Un 97% fueron traumáticos, es decir, lesiones o heridas producidas en un accidente por colisión, choque con un segundo objeto o sobrecarga. Un 0,2% fueron no traumáticos, que son aquellos que derivan de problemas psicológicos y cuya lesión se produce internamente, como un infarto o algún problema cardiovascular. Pese a la diferencia entre unos y otros en el total, llama la atención que, si se pone la lupa exclusivamente en las muertes, cinco fueron provocadas por accidentes no traumáticos, cuatro por percances traumáticos y una por accidente de tráfico.
«Son preocupantes los riesgos psicosociales, muchas veces quedan camuflados», denuncia Llort. En palabras de Foix, «la salud mental ni se contempla, cuando un trabajador está con un ataque de ansiedad, la misma mutua te pasa a la seguridad social».
En el conjunto de Catalunya, los accidentes de personas con contrato indefinido crecen un 28,58% y los de trabajadores temporales caen un 14,14%. Esto se debe al decrecimiento de contratos temporales y al incremento de fijos discontinuos tras la reforma laboral. Una reforma que no ha impedido que los incidentes crezcan. La temporalidad es uno de los factores que incide en los accidentes: «Aumenta el nivel de riesgo», remarca Foix.
Políticas de prevención
La administración y los servicios de prevención de las empresas deberían, según UGT y CCOO, «poner solución», ya que, para Foix, «hay graves incumplimientos de las principales actividades preventivas». Para detectarlo están las Inspecciones de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, «pero faltan recursos humanos, no hay suficientes inspectores», observa.
La legislación, que data del 1995, también es un problema tanto para UGT como para CCOO: «Debe actualizarse, han pasado 28 años y los trabajos han cambiado mucho durante este tiempo; además, es necesario un plan de choque contra la siniestralidad», expone Llort. Dicho plan debería centrarse en diversos puntos, según los expertos: informar más a los trabajadores, más medidas preventivas y más inspección. Para Corbera, «la industria, por ejemplo, ha cambiado muchísimo, ahora hay más trabajo doméstico, por lo que la normativa debería adaptarse a las nuevas realidades». «El ordenamiento jurídico es protector con los trabajadores porque debe ser así, pero los inspectores no dan abasto, y si hablamos de la administración de justicia ya...», sentencia Ferré.
Más recursos, más inspección y más prevención es lo que demandan los sindicatos para que la cantidad de accidentes laborales no registre en el año 2023 un nuevo dato récord.