La profesión médica y el sistema sanitario público me merecen el mayor de los respetos, pero igual que se les debe aplaudir en medio de una pandemia, y se les debe agradecer salvar una vida, y se les debe defender en sus reivindicaciones laborales; también hay que denunciar cuando la organización o los individuos no funcionan. Entre otras cosas, porque aunque un caso concreto pueda darse por mala praxis de un médico o administrativo, en otras ocasiones puede responder a falta de personal de financiación o de apoyo institucional.
Sea por la razón que sea, en los últimos días he vivido una de estas malas experiencias. Mi mujer, embarazada de 38 semanas y a punto de dar a luz, trató de pedir esta semana –al fin– la baja laboral. Habitualmente, y así pasó con nuestro primer hijo, la petición es un mero trámite. La mayoría de médicos entienden que, en este estado de gestación, trabajar resulta muy complicado, e incluso recomiendan una baja a partir de la semana 36.
Al llamar al CAP de Barcelona –donde está empadronada– para iniciar el proceso, llegó el primer escollo: imposible contactar con nadie. Fueron necesarias varias conversaciones telefónicas para, finalmente, hablar con la médico de cabecera. Ésta, a su vez, dijo que la única manera de conceder una baja era ver a mi mujer en persona. Quería comprobar su estado, ya que gran parte del embarazo lo llevamos por la privada. Hasta aquí, nada raro. Pero he aquí el segundo escollo: no podía dar por bueno dos informes del CAP acreditando el embarazo, ni tampoco aceptaba los informes de la ginecóloga de la privada. Bueno, sólo si se entregaba en papel. En el siglo XXI.
Tomada la decisión de conducir hasta Barcelona para llevar el informe en papel –lo que implicaba que ambos nos cogiéramos un día de fiesta, porque no es recomendable conducir con contracciones–, tuvimos que pedir cita con la médico o la enfermera. Tercer escollo: no había cita disponible, a semanas vista. El niño podría ya haber nacido.
Nuevo plan, idea de la doctora de Barcelona: pedir la baja en Tarragona, donde vivimos. Cuarto escollo: sin estar empadronada, no hay médico de cabecera. ¿Pero porqué no puede conceder la baja laboral cualquier médico del CatSalut, sea en la ciudad que sea? Inexplicable.
Y último obstáculo: en la administración del CAP de Tarragona se ofrecieron amablemente a que enviáramos el informe por correo electrónico, a ver si algún médico podría conceder la baja. El e-mail que nos dieron, no funcionaba. Tampoco estaba claro que, sin estar empadronada, pudieran conceder una baja. Pero esto ya fue demasiado.
Desconozco a qué se ha debido nuestro periplo. No sé si es falta de flexibilidad del personal médico y de administración, falta de empatía, exceso de burocracia, poco tiempo para atender a los ciudadanos, exceso de celo por el mal uso de las bajas laborales por parte de los trabajadores... Pero claramente algo falla. ¿En qué cabeza cabe que esto pueda funcionar así? Ciertamente, en cap cap cap, el que passa en alguns CAP.
