El futuro Govern de la Generalitat de Catalunya que se confeccione tras las elecciones del pasado 12 de mayo heredará una larga lista de asignaturas pendientes en la ciudad de Tarragona. El ejecutivo autonómico, sea del color que sea, asumirá en breve o a partir de unos hipotéticos nuevos comicios en octubre, una mochila de inversiones pendientes desde hace años en la capital tarraconense que supera los 250 millones de euros.
El agravio que sufre Tarragona con el nuevo retraso del proyecto del Fòrum Judicial no es la única gran construcción que está sobre la mesa desde hace demasiado tiempo. La ejecución del nuevo Hospital Joan XXIII, el traslado del CAP Jaume I, la segunda fase del CAP La Granja, el albergue juvenil de la Ciutat de Repòs o el nuevo Institut l’Arrabassada son patatas calientes que deben dar pasos hacia adelante en los próximos años.
Sin lugar a dudas, la gran obra será el nuevo Hospital Joan XXIII, valorada en 170 millones de euros. Desde finales del 2022 que el equipamiento tiene en marcha la primera fase de la reforma: el nuevo edificio puente que en un futuro debe unir el actual hospital con el nuevo.
Esta actuación, que ha costado 11 millones de euros, será una realidad en pocos días, habilitando el acceso en la planta baja. Es en este espacio donde se trasladará la sala de espera del servicio de Urgencias del hospital tarraconense, además del triaje y del control de seguridad. Los boxes de Urgencias seguirán en el mismo lugar.
Una vez el servicio se haya trasladado totalmente, será momento de empezar con las actuaciones en el edificio C. Las obras, pues, siguen su curso, quedando todavía la mayor parte del presupuesto por gastar.
Están pendientes el Institut de l’Arrabassada y la segunda fase del CAP La Granja
En materia sanitaria, otra de las prioridades será el traslado del actual CAP Jaume I. El Ayuntamiento de Tarragona quiere que se traslade al actual parking Francesc Bastos. El consistorio ha ofrecido a la Generalitat el solar del actual parking para poder ampliar el centro de atención primaria ubicado entre las calles Jaume I y Felip Pedrell, y que es el que más población atiende de la ciudad.
Los profesionales y usuarios llevan años reivindicando una ampliación del equipamiento, que da respuesta a más de 32.000 personas. El CAP Jaume I ha quedado pequeño y obsoleto, teniendo en cuenta que, actualmente, el ambulatorio atiende a más del 30% de población que atendía hace 20 años, cuando se construyó. Por ello, los presupuestos de la Generalitat para 2024 acordados entre ERC y PSC pero que nunca entraron en vigor contemplaban una partida para el proyecto constructivo del futuro nuevo emplazamiento.
Otro de los temas históricos que parece estar encarado pero que todavía no se ha ejecutado es la antigua Ciutat de Repòs, que debe convertirse en un albergue juvenil con una inversión de 15 millones de euros. La financiación llega mediante los fondos Next Generation y, en teoría, la obra debería ser una realidad el 31 de diciembre del 2025 después de que el espacio esté vacío desde finales del año 2010.
Otra actuación pendiente en la zona de Llevant es el Institut L’Arrabassada. En 2022 entró en funcionamiento la parte de la Escola y, desde entonces, los alumnos de ESO estudian en los barracones de la antigua escuela. En materia educativa, también está pendiente resolver la situación que se vive en la Escola Ponent, que sigue con los módulos.
Finalmente, otro deberes pendientes es el del Fòrum Judicial, que está pendiente desde 1999 y que no será una realidad, como mínimo, hasta 2028, con una inversión pendiente de 70 millones. Tras el nuevo retraso anunciado por la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ayer la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia acordó presentar una queja ante la Síndica de Greuges, que se registra hoy. La decana, Estela Martín, lamentó que la situación es «inaceptable», ya que se trata de la única capital de provincia catalana sin edificio único judicial. Otro agravio más para la lista de la deuda del Govern con Tarragona.