Un despacho de abogados de Tarragona, a petición de un empresario, lleva la concesión del Limboo Beach Club hasta el Síndic de Greuges. Lo hace porque asegura que la tramitación está incumpliendo la normativa y que su cliente no cuenta con igualdad de condiciones a la hora de participar en la licitación de este local de restauración ubicado en la playa del Miracle. El despacho de abogados, además, mandó hace unos días una carta al alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, pidiéndole que paralizara el procedimiento de la concesión hasta que el Síndic de Greuges se pronunciara al respecto. Por su parte, fuentes municipales confirman que el alcalde recibió la instancia, pero ninguna petición de información por parte del Síndic. El Consistorio confirma que el procedimiento de la concesión a precario sigue adelante, con el objetivo de que, este verano, el Limboo Beach Club pueda estar abierto.
Que el caso llegue al Síndic de Greuges es el cuarto episodio del culebrón del Limboo. Todo empezó a principios de abril, cuando el Ayuntamiento de Tarragona cesaba la actividad a la empresa concesionaria del espacio por incumplir con la actividad que constaba en el contrato. El local tenía licencia de bar-terraza y, sin embargo, funcionaba como restaurante y bar musical. Además, según el Consistorio, el espacio lo estaba explotando una empresa distinta a la que ganó el concurso, en el año 2007. Por todo eso, el Ayuntamiento de Tarragona decidió retirar la licencia a la concesionaria, a dos meses del inicio de la temporada. Cabe recordar que el Limboo abre, por norma general, durante los meses de verano.
Pocos días después de que la noticia saltara a los medios, el gobierno de Pau Ricomà se echaba atrás y empezaba a estudiar posibles vías legales que permitirán que el establecimiento pudiera estar abierto durante el verano. Según fuentes municipales, dieron este paso a petición de una empresa interesada. Según parece, se trata de la que hasta ahora había sido la concesionaria del local.
Finalmente, el pasado 17 de abril, el Ayuntamiento autorizaba una licencia a precario para el Limboo, hasta que se vuelva a adjudicar la nueva concesión –ya pasado el verano– y, daba la condición de bar restaurante al espacio. El motivo, decían fuentes municipales, es que se trata de un «tema de interés general». En al anuncio colgado en la página web del Ayuntamiento se explica que los interesados cuentan con veinte días hábiles para presentar su propuesta. Cabe recordar que el anuncio se hizo público el pasado 18 de abril, sin más detalles sobre la concesión.
Empresarios interesados
Fue entonces cuando algunos empresarios del territorio empezaron a moverse para conocer las condiciones de la licitación. Uno de ellos acudió al despacho de abogados Grupo Gestiona para asesorarse. «Creemos que el anuncio sobre la concesión a precario no se ha hecho de manera correcta, ya que no garantiza la igualdad de oportunidades entre los interesados», explica Damià Suárez, abogado del despacho Grupo Gestiona, quien añade que «lo habitual es que, en la licitación, podamos encontrar el pliego de condiciones o las bases del concurso, y no solo un anuncio en el que lo único que explica es que los interesados pueden presentar sus propuestas en un plazo de veinte días».
Es por eso que, desde el bufete de abogados, se mandó una instancia al Ayuntamiento solicitando cuáles son las bases jurídicas que se han utilizado para llevar a cabo esta tramitación. «Ante el temor de que los días vayan pasando y que nuestro cliente no pueda presentar la propuesta, decidimos escribir al Síndic de Greuges para conocer su opinión», explica Suárez.
El despacho de abogados sospecha que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento podría ser «incluso inconstitucional». El motivo, argumentan, es que «para poder tirar adelante una licencia en precario en el ámbito del dominio público, es importante que haya un componente de interés general. Consideramos que abrir un restaurante corresponde a intereses privados, no públicos», dice el abogado Damià Suárez, quien deja claro que «para nosotros no existe este interés general». Suárez insiste en que su cliente quiere acceder a la concesión «con las mismas condiciones que la empresa que hasta ahora tenía la licencia».
Paralelamente a estas acciones, el despacho de abogados presentó un escrito al departamento de Patrimoni Municipal, solicitando las bases de la licitación y la visita del arquitecto al espacio. «Todavía no nos han dicho nada y el plazo para presentar propuesta está a punto de agotarse», dice Suárez.
Finalmente, el abogado escribió una carta al Síndic de Greuges para que este determine «si el procedimiento seguido por el Ayuntamiento es inconstitucional o no, y si existe agravio comparativo con el resto de empresarios interesados», dice Suárez, quien pide al alcalde Ricomà que paralice la tramitación hasta que el Síndic se pronuncie.
«No se paraliza»
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Tarragona confirman que han recibido una instancia de un ciudadano, alertando que había acudido al Síndic de Greuges. «A nosotros no nos ha llegado ninguna petición de información por parte del Síndic», aseguran estas fuentes, quienes añaden que el procedimiento sigue, y que la concesión no se paralizará.
Referente a la falta de información en el anuncio, el Ayuntamiento explica que el número de expediente identifica el caso, y que «siempre se puede acudir presencialmente o solicitar la documentación por otras vías, como el teléfono o el mail», añaden.
