Distribuidora Internacional de Alimentación SA (Diasa) tendrá que indemnizar con 101.033,34 euros a una mujer que tenía en franquicia una tienda de dicha cadena comercial en la calle Gasòmetre de Tarragona. La magistrada considera que la empresa, a la hora de firmar el contrato, entregó a la mujer un balance falso, pues indicaba que la tienda tenía beneficios cuando en realidad era todo lo contrario. Dicha empresa es la tercera mayor cadena de supermercados del país. El caso, al parecer, no es único. Incluso existe Asafras, una asociación de afectados por las franquicias de supermercados, en particular por la matriz Diasa.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Tarragona. Llega precisamente en unos momentos delicados para la empresa. Está inmersa en un ERE, que prevé 1.248 los despidos si se descuentan las recolocaciones. El expediente comprende también la venta de 258 tiendas en toda España –cuenta con 3.474 establecimientos, incluidos los franquiciados–.
Cristina trabajó once años en dicha cadena de alimentación, llegando a ser encargada de una de las tiendas. Pero llevó a la empresa a juicio porque solicitó una reducción de jornada –tenía una niña menor de ocho años– y se la denegaron. Ganó el juicio, pero la castigaron poniéndola en caja. Finalmente, llegó a un acuerdo económico y se fue al paro.
Al cabo de unos dos años, Cristina vio en una de las tiendas que estaban buscando franquiciados. «Pensé que con mi experiencia podía ser una oportunidad». Preguntó si los problemas judiciales que había tenido con la empresa eran un inconveniente. Le contestaron que no. Durante dos años –de mayo de 2011 a julio de 2013– tuvo el establecimiento. Finalmente lo cerró porque el negocio no funcionaba. Lo cogió de nuevo Día, después pasó a otra cadena y actualmente está cerrado –era un local de alquiler–.
Un trabajador de la propia empresa reconoció que él había falsificado los númerosLa empresa presentó una demanda. Indicaba que la demandada empezó en julio de 2013 a impagar pedidos, generando una deuda importante, desatendiendo igualmente los pagarés emitidos por la adquisición de género. Añadía que se incumplieron los horarios de apertura y de atención al cliente y que, consecuentemente, el negocio sufrió una merma para la imagen de la cadena.
El informe realizado por un perito –economista– se indica que Diasa cambiaba la cuenta real, pasando de ser negativa a positiva, de forma que ya sabía cuando ofertó la tienda que la misma era deficitaria de conformidad con sus datos internos.
Por su parte, el gestor de la mercantil de Cristina declaró en el juicio que desde un principio «los números no salían» y que no había margen alguno para solucionar la situación puesto que no se podían comprar menos artículos ya que el franquiciador exigía un mínimo de compras obligatorias. Tampoco se podía subir el precio de los artículos, porque ello venía dado por la empresa franquiciadora.
Testigo clave
Un testigos clave fue un antiguo trabajador de Diasa, encargado de atender a los franquiciados que se interesaban por la apertura de una tienda. Aseguró que «Diasa le daba los datos reales y él era el que los transformaba, siguiendo las pautas de la actora –de la empresa–, para ofrecerlos al franquiciado». A él le constaba, con datos reales, unas pérdidas de 2.000 euros mensuales.
La magistrada, en la sentencia, recuerda que «no existe la más mínima duda» de que Dia, al haber gestionado anteriormente la tienda, «era perfecta conocedora de los resultados que ésta tenía y si realmente se trataba de una tienda totalmente rentable, a ella (...) le hubiera correspondido acreditar dicho extremo. Y ello no ha sido así». Y recalca que según manifestó uno de los trabajadores, Diasa tenía todos los datos y sabía si una tienda iba bien o no. Pero ocurría todo lo contrario, alteraba las cuentas de resultados para ofrecer al franquiciado un negocio rentable a sabiendas de que venía generando pérdidas, «y ninguna persona se embarca en un negocio a sabiendas de la renta de rentabilidad, y mucho menos cuando no es un empresario con experiencia».
El abogado de Cristina, Ramon Piñol, dice que no tiene constancia de otra sentencia igual, aunque hay otros casos similares.
