Una auxiliar técnico educativa ha sido asesinada por tres menores residentes en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, un suceso que fue condenado ayer por trabajadores de este sector y sindicatos, que denunciaron carencias de seguridad en este tipo de pisos y centros de atención a menores.
La auxiliar técnico educativa (ATE), de 35 años y natural de Castuera (Badajoz), fue agredida mortalmente esta pasada noche en la citada vivienda por tres adolescentes residentes, dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17, quienes ya han sido detenidos.
Según las primeras pesquisas, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón. Tras la agresión mortal, los tres menores cogieron las llaves del coche de la víctima y condujeron en dirección a Mérida. Sin embargo, tuvieron un accidente de tráfico a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 30 kilómetros de la capital extremeña.
En el lugar del accidente fue detenida la joven mientras que los dos chicos fueron localizados en Mérida, ha informado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
En la vivienda, donde residían tres chicos de entre 14 y 17 años y una joven de 17 años, trabajan cinco auxiliares técnicos educativas, entre ellas la ahora fallecida, un coordinador y otro profesional, todos ellos con turnos rotatorios, explicó una de las trabajadoras, que omitió dar su identidad por «miedo». «Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas», añadió esta auxiliar, quien apuntó que «esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera».
Amenazas
En una concentración de profesionales de este sector y de representantes sindicales celebrada ayer al mediodía en Badajoz para condenar esta muerte violenta, la educadora Sheila Gómez, que ejerció de portavoz, afirmó que la auxiliar ahora fallecida había denunciado días atrás a uno de los menores por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad.
«Los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar», afirmó Gómez, cuya denuncia fuerespaldada de forma unánime por los sindicatos.
En este marco, UGT, CCOO, USO y CSIF exigieron tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicios de acompañamiento a menores que «tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así a los propios menores».
