Un total de 34 campings, de los 70 situados en la provincia de Tarragona, están en las zonas con un mayor riesgo de inundaciones, ya sea por lluvias o por el aumento del nivel del mar.
Todos ellos están repartidos por la Costa Daurada y la zona del Delta de l’Ebre. No obstante, ninguno está expuesto a un riesgo alto: el nivel máximo al que llegan es medio, según informes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Mont-roig del Camp, Torredembarra y Creixell son algunos de los municipios con más establecimientos afectados.
El Govern quiere ponerse manos a la obra al respecto y ha aprobado un decreto ley –que deberá convalidar el Departament– para analizar cada camping de forma individual y trazar una estrategia de acción para evaluar cuál es el tipo de riesgo que presenta cada establecimiento y proponer acciones.
Dos comisiones propondrán medidas para minimizar los riesgos asociados a fenómenos como las precipitaciones torrenciales y las crecidas de ríos en áreas vulnerables.
La principal voluntad es incidir en la prevención y actuar para evitar el cierre de las instalaciones. Eso enfría la voluntad del Govern expresada por el president Salvador Illa el pasado mes de noviembre, cuando anunció «decisiones complicadas» en 16 campings con mayor riesgo de inundación, (ninguno de ellos en Tarragona).
Sin embargo, la Generalitat ha optado por crear esta radiografía antes de tomar decisiones críticas para los establecimientos. En el futuro estudio, se priorizará la articulación de medidas para aquellos campings con un mayor riesgo de inundaciones.
Caso por caso
La Comissió Tècnica estudiará cada caso y formulará las propuestas que considere oportunas para adaptar cada establecimiento. Además, se impulsarán mejoras tecnológicas para detectar y prevenir posibles inundaciones y que los campings puedan adaptarse.
Por otra parte, la Comissió de Govern deberá tomar la decisión final sobre las propuestas y plantear medidas provisionales ante riesgos imprevistos. La voluntad del Ejecutivo es que ningún establecimiento cierre, aunque no descarta nada.
No obstante, en el caso de tener que adoptar ese tipo de medidas, se creará un Fondo de Recuperación para compensar posibles cierres y financiar algunas inversiones.
Las medidas de fomento incluirán líneas de crédito específicas acordadas entre el Institut Català de Finances y el Departament d’Empresa i Treball, así como ayudas directas o de concurrencia pública gestionadas por este mismo departamento. Además, se prevén transferencias directas a los entes locales afectados por la reducción de plazas.
Ayudas
Podrán beneficiarse de estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares de establecimientos de alojamiento turístico en caso de ampliación de actividad. Cualquier persona podrá acceder a estas ayudas en el supuesto de proyectos de nuevos establecimientos turísticos.
También se trabajará en la aplicación de mejoras tecnológicas para ejecutar y diseñar medidas de actuación con un enfoque preventivo, de modo que los campings puedan adaptarse a las condiciones climáticas.
En este sentido, la Comissió Tècnica determinará las funcionalidades de las actividades, comprobando la seguridad de las personas y la protección de la actividad económica.
Los representantes de la Federació Catalana de Càmpings (FCC) se han reunido con el Govern durante los últimos meses y manifiestan su disposición a colaborar: «Confiamos en que el decreto estará en consonancia con la línea de diálogo mantenida durante los últimos meses, y que recoja los criterios de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y de Protecció Civil».
La FCC ha pedido al Govern poder conocer la propuesta de decreto ley antes de su aprobación: «El sector está preparado para gestionar los riesgos de la emergencia climática».
Además, la entidad aprovechará el trámite parlamentario para efectuar sus propuestas, y que ha consensuado con el Govern la necesidad de actualizar los mapas de riesgo.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y las primeras actuaciones de comprobación se pondrán en marcha inmediatamente para evitar situaciones de riesgo antes del inicio de la temporada de verano.