La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a estafar en la compraventa de vehículos, supuestamente importados desde Alemania y Bélgica. La operación, bautizada como “Dasrobimport” y “Babaros”, ha tenido una especial relevancia en la provincia de Tarragona, donde se han producido una detención, una investigación y registros clave para la causa.
En concreto, uno de los arrestos se llevó a cabo en la provincia de Tarragona, y una mujer fue investigada en El Vendrell. Además, agentes del cuerpo realizaron un registro judicial en El Papiolet, donde se intervinieron varios documentos y pruebas. Tres de los siete vehículos recuperados estaban localizados también en Tarragona, el resto en las provincias de Alicante y Pontevedra.
La investigación, dirigida por el Área de Investigación de Santa Pola (Alicante) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, se inició el 11 de septiembre de 2024 tras recibir múltiples denuncias de víctimas en distintos puntos del país. Todos los casos estaban vinculados a una empresa que operaba a través de dos páginas web y plataformas de compraventa online.
Un modus operandi sofisticado
El grupo criminal atraía a compradores interesados en vehículos de alta gama. Tras firmar contratos y realizar transferencias como reserva, las víctimas eran presionadas para hacer nuevos pagos por supuestos problemas logísticos, sin llegar nunca a recibir los coches. El supuesto gerente incluso grababa vídeos desde el extranjero para aportar credibilidad.
Las direcciones incluidas en los contratos eran falsas, y algunas correspondían a domicilios sin actividad comercial en municipios como Santa Pola o Elche.
Hasta la fecha, el perjuicio económico asciende a más de 200.000 euros, con diez víctimas identificadas, aunque no se descarta que la cifra aumente en las próximas semanas. Los delitos que se imputan a los implicados son estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Todos ellos fueron puestos en libertad tras declarar ante la autoridad judicial, con la imposición de medidas cautelares.
Paralelamente, en redes sociales ha surgido una plataforma de afectados que alerta a la ciudadanía sobre el fraude y el funcionamiento de la empresa.
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta.
