Casi una veintena de profesionales de la abogacía se han congregado este miércoles 28 de junio por la mañana a las puertas de los juzgados de Reus, como lo han hecho también desde otros colegios del territorio, como en Tarragona, Tortosa, y en el conjunto del Estado. ¿La finalidad? Pedir la reactivación inmediata del servicio público de justicia, que lleva «paralizado» –por las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios– desde hace seis meses y todo ello, «sin cumplimiento de los servicios mínimos y sin ningún atisbo de solución».
Los presentes han exigido, en este caso, a raíz de la convocatoria de concentración del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus (ICAReus), medidas de urgencia y un pacto de Estado con varios puntos pasadas las elecciones generales de julio. El objetivo es resolver las «demoras inadmisibles ya acumuladas», algo que, en palabras del vicedecano del ICAReus, Luís Alcañiz, ha dicho –a través de la lectura de un manifiesto– que se sumaba «a un déficit histórico y estructural» que el servicio arrastra desde «hace décadas». Tras la consecución de las huelgas, «se siguen suspendiendo decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin avisar, con notificaciones por tramitar, y paralizando ejecuciones y señalamientos fijados para fechas como 2025».
En la provincia, han llegado a «récords históricos», con «más de 65.307 asuntos atrasados, un 6% más que el año pasado». En Reus, «el porcentaje de congestión se ha disparado este año a casi un 11%». Alcañiz ha expuesto que, en la ciudad, la situación afectaba a «casi 300 profesionales, y hay que contar también a los compañeros de todo el Estado que vienen a trabajar aquí». A la concentración, se ha sumado el Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus, con su decano, Xavier Estivill. Alcañiz y Estivill han estado de acuerdo en que «nos da la sensación de que la justicia no es un tema que aporte votos a los gobiernos del momento, la única solución es un pacto de Estado».
En declaraciones al Diari, la decana del ICAReus y presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna, expresa que la situación actual de la justicia se agravó por la pandemia: «Estamos ante una tormenta perfecta, ha habido una serie de huelgas, todas ellas legítimas, que al juntarse en un mismo lapso de tiempo han generado un impacto que perjudica a la ciudadanía, a procuradores y a abogados, profesionales liberales que no pueden hacer huelga ni avanzar en su trabajo, algo que provoca perjuicios a la sociedad, así como de carácter económico para los propios abogados; ahora, la justicia está, verdaderamente, en la UCI».
Concentración en Tortosa
El Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa se ha sumado también a las concentraciones para denunciar el colapso en la administración de la Justicia. Un grupo de letrados ha comparecido esta mañana ante las puertas de los juzgados de Tortosa y ha leído el manifiesto en el que piden un pacto de Estado, que permita ofrecer un mejor servicio público y más efectivo. Un pacto basado en la gobernanza inclusiva, en más recursos materiales y personales y en una racionalización organizativa, entre otros puntos.
La decana del colegio tortosino, Marta Martínez, ha alertado que la falta de inversiones en la justicia está poniendo en peligro el derecho a la defensa: «Estamos pendientes de que funcionen alternativas a la resolución de conflictos como la mediación, pero no hay inversión; no tenemos sentencias rápidas, no damos un servicio adecuado a los ciudadanos». «Hacen falta recursos económicos para obrar más ligeros. Los juzgados están totalmente bloqueados», ha destacado Martínez, remarcando que «la justicia, la sanidad y la educación son los pilares fundamentales de la sociedad».
