El Ayuntamiento de Reus y la Generalitat inspeccionarán 40 viviendas vacías en los próximos seis meses. El objetivo de esta campaña es llegar a un acuerdo con estos grandes tenedores de pisos, que en muchas ocasiones son entidades bancarias, para destinarlos a alquiler social.
La inspección de estos pisos vacíos será posible gracias a un convenio de colaboración que el Ayuntamiento ha firmado con la Agència Catalana d’Habitatge. La Generalitat financiará la inspección de cada piso que tiene un coste de 300 euros. En total, se destinarán 12.000 euros. Por su parte, desde la Oficina d’Habitatge se aportará el personal necesario para llevar a cabo las inspecciones y el seguimiento de los expedientes. Por el momento, no se prevé contratar más personal.
La concejala d’Habitatge, Teresa Pallarès, explicó que el principal objetivo es «que estas viviendas cumplan una función social y que no se vulneren los derechos de la vivienda de los habitantes de Reus». La concejala confía en poder llegar a un acuerdo con las entidades bancarias pero alerta de qué si no es posible, se expondrán a sanciones que pueden ir de los 90.000 a los 900.000 euros tal y como se estipula en la Ley del derecho a la vivienda 18/2007, de 28 de diciembre aprobada por la Generalitat.
Una vez realizadas las inspecciones, por parte del Ayuntamiento se iniciarán los expedientes correspondientes, y se concretará con la Agència la manera cómo obtener las viviendas para ser destinadas a políticas sociales.
Según el Registre d’Habitatges Buits i Ocupats (RHBO) de la Generalitat en Reus hay 400 viviendas vacías. La concejala de Habitatge pone de manifiesto que hay más y espera que la campaña también sirva para tener datos más concretos. «Son datos muy cambiantes y hay que tener en cuenta que muchas viviendas han pasado a manos de fondos buitre y se pierde mucho la pista».
Pallarès explicó que la idea es encontrar pisos vacíos que estén en condiciones para ponerlos a disposición de la Borsa de Lloguer Social. Los pisos que se inspeccionarán forman parte del Registre d’Habitatges Buits i Ocupats, y son viviendas donde hace por lo menos dos años que no hay nadie empadronado y en las que tampoco se ha registrado consumo de agua.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Reus ya había sancionado con anterioridad a los grandes tenedores de pisos vacíos. Entre el 2016 y el 2017 el Ayuntamiento de Reus impuso 72 multas por pisos vacíos, amparándose en el Decreto 17/2019 de la Generalitat que permitía tener competencia sancionadora a la administración autonómica y a los ayuntamientos, pero el Decreto quedó revocado por el Tribunal Constitucional.
De hecho, la Ley del derecho a la vivienda 18/2007 también se ha recorrido ante el TC. Si el Tribunal la revocara, la campaña de inspección que el Ayuntamiento y la Generalitat tienen prevista, quedaría paralizada.
La medida pretende dar respuesta a la problemática de la vivienda en la ciudad. El Ayuntamiento trabaja también en diferentes líneas. En el marco del Pla de Reactivació Econòmica se han abierto una línea de ayudas para rehabilitar viviendas para destinarlas a uso social. También se han impulsado medidas fiscales como la reducción del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de las obras de nuevas viviendas protegidas. También se llevará a cabo una rebaja del IBI del 50% durante 10 años para las viviendas de protección oficial a partir del otorgamiento de la cualificación de vivienda protegida.
