Las incertezas alrededor del futuro de la residencia para personas mayores ICASS de Reus, en el Passeig Mata, y de sus residentes han centrado parte del debate de la sesión plenaria que se ha celebrado la mañana de este viernes, 19 de enero, en el Ayuntamiento de Reus, donde han asistido un grupo de trabajadores y familiares afectados. Ha sido el grupo municipal de la CUP quien ha sacado el tema a través de una moción que ha conseguido el apoyo unánime del pleno.
Lo que se solicita es un compromiso «firme» de la Generalitat sobre la gestión de la reforma del edificio. Unos trabajos que tienen que realizarse para solucionar problemas de legionela, estructurales e incumplimiento de la normativa de incendios, como anunció Generalitat en octubre del año pasado. No obstante, el ‘cómo’ está generando, desde entonces, polémica; y la falta de concreción, tanto de qué pasa con los usuarios durante las obras, como de proyecto y calendario, crea incertidumbre. Es por ello que desde la CUP se reclama «un documento de compromiso porque las palabras vuelan», ha exclamado la concejala cupaire, Mònica Pàmies
Concretamente, la moción, expuesta por Mònica Pàmies, propone tres acuerdos. El primero, que el Ayuntamiento inste a la Generalitat de Catalunya a estudiar y priorizar la posibilidad de ejecutar las obras de reforma del edificio sin interrumpir el servicio ni trasladar ninguno de los usuarios ni trabajadores a otros centros». Y es que, como recuerdan, «el inmueble dispone de espacio sobrante suficiente, con dos plantas vacías, para reubicar los mayores mientras se reforman el resto de plantas».
El segundo acuerdo es para instar a Generalitat «elaborar un proyecto y un calendario de las obras en carácter de urgencia». Y es que, como ha recordado Pàmies, «tenemos que tener en cuenta el retraso de más de 20 años de la inversión en el mantenimiento de este edificio, como recoge el mismo documento del Govern».
Finalmente, se solicita instar a la Generalitat redactar y firmar un acuerdo que «confirme la ejecución de la reforma en un máximo de cuatro años», como ya ha señalado en los últimos meses el gobierno catalán. «Pero no queremos palabras, pedimos un documento de compromiso, de que realmente se ejecutará de esta forma, porque ya sabemos que los políticos cambian y las palabras vuelan», ha insistido la cupaire.
Todos los grupos municipales han apoyado la moción de la CUP. También el gobierno, a pesar de que la concejala de Serveis a les Persones i Drets Socials, la socialitsa Anabel Martínez, ha recordado que son puntos que «ya hemos instado» a Generalitat porque «estamos trabajando desde el minuto cero». Recuerda que, al final, la residencia «es competencia de Generalitat y es quien tendrá la última palabra». Pero, en todo caso, «como gobierno tenemos que velar por los usuarios, trabajadoras y familiares. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo continuaremos haciendo», a lo que Martínez remarcó: «Gracias a la insistencia de trabajadores y familiares hemos pasado de un cierre a una rehabilitación».
Durante el debate, ha quedado patente «las contradicciones y faltas de respuesta» alrededor del futuro de la residencia ICASS y sus residentes, como ha expuesto la concejala del Partido Popular Sílvia Virgili, que también ha criticado el trato «frívolo» por parte de instituciones sobre esta cuestión. También el portavoz de Vox, Julio Pardo, ha hecho referencia a la falta de respuestas sobre el previsible traslado de usuarios. «Es un problema social, no político, por lo que tenemos que ir todos a una», ha clamado, mientras que desde Junts per Reus, Joan Carles Gavaldà ha dudado de que las anomalías del edificio afecten la estructura y ha insistido: «Es necesario instar a priorizar las obras sin el traslado de usuarios».
Cabe recordar que fue a finales de octubre cuando Generalitat anunció el inminente cierre del edificio por problemas de legionela, estructurales e incumplimiento de la normativa de incendios. La solución final anunciada es que el edificio será rehabilitado pero, durante los trabajos, los usuarios tendrían que ser reubicados. Un traslado, en principio, previsto para la segunda quincena de este mes de enero. No obstante, los afectados siguen reclamando quedarse al edificio durante las obras, una opción que también se defiende a nivel municipal. En el caso de tener que desalojar el edificio, la apuesta municipal es que el traslado sea en bloque y que todos los usuarios y trabajadores sean reubicados en un mismo espacio. Generalitat expuso en noviembre que la fórmula más viable sería reubicar la mayoría de usuarios en dos residencias: Horts de Miró de Reus y Mare de Déu de Mercè de Tarragona. Pero ahora mismo, nada está cerrado.