El Congreso aprobó en los primeros días de este mes el proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con la que se pretende frenar el maltrato, el acoso escolar, la extorsión digital y los abusos sexuales o violaciones de los menores. El proyecto legislativo aborda una atención integral de los niños y adolescentes similar a la que reciben las mujeres víctimas de violencia de género, prima la prevención y busca evitar la victimización secundaria de los perjudicados.
De la larga lista de medidas destaca la extensión del tiempo de prescripción de los abusos o violaciones cometidos contra los menores, que empezará a contar cuando estos hayan cumplido 30 años, y no 18, como ahora. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que muchos de los que denuncian un abuso infantil tardan al menos veinte años en hacerlo, por lo que el delito denunciado ha prescrito.
Se trata, además de un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los derechos de los niños, de una necesidad largamente esperada, como lo demuestra el consenso que logró –sólo Vox y PNV votaron en contra, aunque el partido vasco lo hizo por un tema competencial–. No es habitual en estos tiempos que corren un apoyo tan importante, pero los grupos por una vez echaron a un lado los colores políticos y la norma cosechó una abrumadora mayoría. Ahora está pendiente de su aprobación en el Senado, donde seguramente será mejorada con algunas enmiendas.
En todo caso, es una buena noticia para combatir una violencia en muchos casos silenciada, al darse a menudo en el seno familiar o entre conocidos por la familia, por lo que los casos denunciados, aunque se han disparado en los últimos años, representan solo la punta del iceberg de un problema mayúsculo. La norma es necesaria, pero para que sea además eficaz es necesario que no se quede en buenas intenciones y que cuente con la oportuna dotación presupuestaria para poner en marcha todo lo que la ley dicta como ideal.