Estos días hemos recuperado algo de la libertad (al menos de deambulación) que disfrutábamos hasta mediados de marzo. No obstante, de momento y durante algunos meses (o algún año), será una pálida versión de aquélla, no solo porque tendremos menos sitios a los que ir (porque algunos cerrarán) y deberemos hacerlo con menos frecuencia (porque se les restringirá el aforo), sino también por la profunda recesión que nos espera, que nos empieza a recordar a la de los años 2009 a 2012 y que ya he explicado en mi último libro Los años de la crisis de la vivienda, pero que ahora nos «sorprende» con una tasa de desempleo (cerca del 15%) que ya era más elevada que en 2007 (cuando era de alrededor de un 8%) antes del Covid-19 y con una deuda pública cuatro veces mayor. Todo indica que pintan bastos. Y cuando hay río revuelto, siempre hay ganancia para algunos pescadores, no necesariamente para los que llaman a la sensatez y a la moderación. Y siempre existe la tentación de que, generada tal necesidad, debamos prorrogar nuestra renuncia a la libertad, es decir, a nuestra propiedad privada, para mantener el barco a flote.
Más allá de las discusiones político-económicas sobre si es mejor que el dinero que ganamos con nuestro trabajo está mejor en nuestros propios bolsillos o en los bolsillos del Estado y de quien nos gobierna, con esta breve aportación simplemente quiero llamar la atención sobre la intrínseca relación que existe entre libertad, igualdad y propiedad privada, la cual viene funcionando desde los primeros homo sapiens en África en la guardiana de la delgada línea roja que nos separa entre ser siervos y ser ciudadanos.
En tiempos modernos, este paso lo dimos como civilización con la Revolución Francesa, no sin antes generar lo que hoy llamaríamos un «genocidio» de decenas de miles de personas. Y, desde entonces, la propiedad privada libre presidió el Código civil de Napoleón de 1804 (que luego pasó a nuestro Código civil de 1889, todavía vigente, aunque maltratado), de manera que cualquier persona, independientemente de su cuna, tuvo la oportunidad ser desde entonces (y lo puede seguir siendo hoy en día) propietaria de un trozo de tierra o de su hogar, sin necesidad de rendir cuentas ante un señor o ante un casero. Es decir, la propiedad privada da la libertad y te emancipa respecto a terceros, sean estos el Estado en sus diversas formas o, en definitiva, de cualquiera que sí tiene la propiedad de las cosas y de las casas que ansías o que necesitas.
Así, me ha parecido sorprendente con cuánta tranquilidad nos hemos dejado despojar estos últimos años del control sobre la música que escuchamos o sobre las películas que vemos. Populares servicios de streaming nos «dan acceso» a un «amplio catálogo» de música y películas que, huelga reconocerlo, nos ha hecho algo más llevadero el confinamiento. Pero claro, estas empresas, que son las propietarias de los derechos de explotación de esas obras artísticas son las que deciden qué obras se ofrecen, a quién y cuándo, no nosotros. Este «menú personalizado» lo elaboran ellas mediante oscuros algoritmos (celosamente protegidos) que nos «recomiendan» qué escuchar o qué ver después (para nuestra desgracia, además, suelen acertar). Es cómodo, pero ya no decidimos qué escuchamos o qué vemos porque ya no somos propietarios de la copia de la canción o de la película, como lo éramos con los CD o los DVD. Así, ¿qué sucedería si esas compañías decidiesen retirar determinadas obras por ser, según su criterio de empresa o según el criterio del Gobierno de turno, demasiado violentas o que no abordan adecuadamente la perspectiva de género? Como casi ya no hay tiendas de música ni de películas, simplemente nunca más las podríamos escuchar o ver; se perderían en el olvido por proscritas.
Dejo al lector que decida por él (y ella) mismo qué es mejor: si dejar que cada uno escoja libremente qué escuchar o ver y cuándo o si es más efectivo prohibir canciones o películas violentas o que no tienen en cuenta la perspectiva de género vigente para que nuestros niños y jóvenes crezcan «con otra mentalidad». Pero convendremos en que ya no tendremos nunca más el control de lo que escuchamos o vemos, lo que es especialmente relevante en una sociedad poco leída. Esta cuestión se vuelve mucho más compleja si la trasladamos a intentar resolver si es bueno dar la oportunidad a que todo el mundo pueda ser propietario de la casa donde vive o si, por el contrario, pensamos que solo los más pudientes puedan comprar, debiendo el resto depender permanentemente de caseros, sean estos el Estado o sean particulares.
Y si todo ello lo llevamos a la situación de postconfinamiento, si millones de personas carecerán en nuestro país de un puesto de trabajo y a los que trabajen se les retirará una mayor parte de su salario en impuestos y se gravarán sus depósitos, creando una sociedad subsidiada y dependiente por años, si se siguen promoviendo con dinero público formas de tenencia de la vivienda que se alejan de una propiedad privada sostenible, a ver si resultará que lo que ganamos hace 230 años lo perderemos, porque aunque nominalmente podamos seguir siendo «ciudadanos» con nuestro móvil, nuestro Spotify y nuestro Netflix, realmente estaremos en manos de otros, empresas o Estado, que decidirán por nosotros qué escuchar, qué ver o dónde y cómo vivir, siempre dependiendo de su voluntad, y volveremos a ser, de nuevo, siervos. En fin, allons enfants de la Patrie.
*Sergio Nasarre es catedrático de Derecho civil es doctor europeo en Derecho y Máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge.Premio ICREA a la excelencia de la Investigación 2016-2020, es consultor en varios organismos internacionales como la Comisión Europea, la FAO o Amnistía Internacional.