El 1 de diciembre de este 2025 entrará en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona. Esta es ahora mismo la previsión con la que trabaja el Ayuntamiento, el cual ha definido una implantación paulatina, que se prolongará por espacio de dos años. «Queremos priorizar la concienciación y la pedagogía de cara a la ciudadanía, ya que no olvidemos que estamos hablando de un tema de salud», aseguró la concejala de Mobilitat del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts.
El gobierno de Rubén Viñuales ya tiene preparado el texto de la futura ordenanza, que ayer fue presentado a los grupos municipales, con la intención de llevarlo al pleno de marzo para su aprobación inicial. A partir de ahí se abrirá el periodo de exposición pública y alegaciones, de forma que el texto definitivo estará en abril o mayo. Tras los meses del verano se iniciará la campaña informativa, además de la instalación de la señalización, paneles y sensores.
La Zona de Baixes Emissions incluye el ámbito de la Part Alta y zona centro, fijando el perímetro en las avenidas Catalunya y República Argentina, además de la calle Vidal i Barraquer. Esta estará en vigor desde las 7 horas de la mañana a las 19 horas, de lunes a viernes, y afectará a todos los vehículos que no dispongan del distintivo ambiental 0, ECO, C y B, que según el censo municipal representan entre el 25 y el 26% de los vehículos.
Según explicó la concejala de Mobilitat, durante el primer año la implantación de la ZBE será estrictamente de carácter informativo, de forma que «no se multará a nadie» ni habrá restricciones de circulación para los empadronados en la ciudad. En el caso de los tarraconenses con un vehículo sin etiqueta medioambiental, estos tendrán que inscribirse en un registro de vehículos con autorización.
Una revisión en 2028
A partir del segundo año, la ZBE afectará a todos los conductores sin este distintivo, excepto los que viven dentro del ámbito incluido en esta Zona de Bajas Emisiones. Asimismo, la responsable de Mobilidad quiso dejar claro que «hasta enero de 2027 no se multará a nadie, ya que ahora mismo esta no es la prioridad».
Orts defendió que la «pedagogía» tiene que marcar los primeros años de implantación de una normativa que en enero de 2028 se revisará. Según si se ha conseguido una reducción de las partículas contaminantes y de la valoración que se haga de su implantación, podrá decidirse si tendrá que irse más allá y ser más ambiciosos, o si las medidas establecidas han tenido efecto.
La futura ordenanza también incluye un anexo con los casos quedarán exentos de la normativa, entre los que se incluyen los vehículos seguridad y emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, vehículos adaptados, etc. En esta lista también se incluye las familias con rentas bajas, que podrán formar parte de este registro de vehículos con autorización.
La concejala de Mobilitat puso en valor que el 95% del contenido de ordenanza es «similar» al de la ciudad de Reus, para evitar «generar confusión entre la ciudadanía». Asimismo, esta también remarcó que «el 85% de las aportaciones de los partidos políticos» se han incluido en el texto.
ERC y ECP coinciden en que la medida es «laxa». «Hacen lo mínimo, lo más tarde posible, con tantas excepciones que probablemente no cambiará nada», lamenta el portavoz republicano, Xavier Puig. La formación recuerda que la implantación de esta medida «es una propuesta socialista a nivel estatal, pero que el PSC de Tarragona no se la cree».
ECP también asegura que el texto resultante es «muy conservador» y «poco ambicioso». «Está muy lejos de lo que pensamos y que nos gustaría, que podría darnos la oportunidad de alinearnos con ciudades como Barcelona o Madrid», apuntó el concejal Toni Carmona, quien ya avanzó que la formación ahora mismo se decanta por la «abstención».
Por su parte, Pep Manresa (Junts per Catalunya) valoraba que el texto de la nueva ordenanza ha incorporado muchas de las demandas de esta formación, como la aplicación progresiva o que durante todo el año 2026 no se sancione. Asimismo, este defendía que «garantizar que la apertura sea a las 19 horas, en lugar de las 20 horas, debe permitir mantener la dinamización comercial».
Finalmente, la concejala del Partit Popular, Maria Mercè Martorell, expone que «el esfuerzo de implantación, tanto en el ámbito humano, tecnológico como económico, es tan grande que no se justifica». El partido también denuncia la «confusión» que se generará.
