Nuevo paso adelante en el proceso para equiparar a las empleadas del hogar con el resto de trabajadores del régimen general. El Gobierno aprobó ayer martes un real decreto que mejora las condiciones laborales de este colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres –en su mayor parte inmigrantes–, con el objetivo además de cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Ejecutivo.
La nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, generará nuevos derechos fundamentalmente en materia de salud y prevención laboral para las más de 360.000 trabajadoras del servicio doméstico que están dadas de alta en la Seguridad Social, pero también nuevas obligaciones para las familias que las tienen contratadas, que podrán ser incluso sancionadas por la Inspección de Trabajo si no las cumplen.
A partir de ahora, será «responsabilidad» de la persona empleadora «vigilar» el estado de salud de su empleada del hogar, que tendrá derecho a realizarse un reconocimiento médico, en el que se tendrá en cuenta «todos los riesgos a los que la persona trabajadora puede quedar expuesta», según establece la nueva norma. La responsabilidad de que se lo hagan recaerá sobre los hogares, que deberán acreditar que las trabajadoras a su servicio cuentan con este chequeo médico, al que tendrán que someterse, salvo excepciones, al menos una vez cada tres años, a menos que ellas no quieran hacérselo. Este reconocimiento –que será uno por empleada aunque trabaje en varios hogares– no implicará «ningún coste a las familias», puesto que, tal y como recalcó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, podrán hacerse de forma totalmente gratuita a través de los servicios públicos de salud sin necesidad de tener que contratar un seguro.
Las familias también tendrán la obligación de someter su hogar a una evaluación de riesgos laborales a través de una herramienta online que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de forma gratuita. La aplicación de este punto se retrasará hasta 2026, puesto que el Gobierno se da diez meses de plazo para poner esta herramienta en marcha y otros seis meses más para exigir a los hogares su aplicación. También el INSST elaborará una guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en los trabajos domésticos que, en caso de incumplirse, supondrá una infracción por parte de los hogares y podrá ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo, según explicaron a este periódico fuentes del ministerio. De igual manera, se pondrá a disposición de las trabajadoras en el plazo máximo de un año un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso.
Equipos de trabajo adecuados y formación gratuita
Otra obligación de las familias será proporcionar a sus empleadas domésticas gratuitamente los equipos de trabajo adecuados así como los equipos de protección individual (EPI) para el desempeño de sus funciones y adoptar las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura. Las trabajadoras podrán paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente sin que pueda suponerles el despido o perjuicio alguno. Las empleadas del hogar también tendrán derecho a recibir formación en materia preventiva en el momento de su contratación y será el SEPE quien proporcione estos cursos a través de una plataforma, que deberán realizar durante su jornada laboral o ser compensadas por ello con tiempo de descanso. «Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos», dijo Díaz.