La reciente aprobación de la ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha llegado a su primer tramo de vencimiento, 13 de junio, para las empresas de más de 250 personas trabajadoras y las entidades del sector público (excepto municipios de menos de 10.000 habitantes).
Muchas de las organizaciones incluidas en este grupo ya disponen de un Código ético o Compliance, por lo que ya disponen de un procedimiento de buenas prácticas, aunque dar cumplimiento a esta ley va mucho más allá de la implantación del famoso canal de denuncias.
La norma, por un lado precisa la protección a las personas informantes, ya que extiende la protección a las personas que tienen vínculos profesionales o laborales, aquellas que ya han finalizado su relación profesional, voluntarios/as, personas trabajadoras en prácticas o en periodo de formación, personas que participan en procesos de selección, y además, se extiende la protección a las personas que prestan asistencia a los y las informantes y a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias.
Por otro lado, la norma exige disponer de un sistema interno de información que traslada la responsabilidad de implantarlo al órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad, exige unos requisitos técnicos y formales (debe ser seguro, confidencial e independiente), debe permitir la comunicación anónima y requiere la elaboración de un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas. La norma va mucho más allá del hecho de habilitar un buzón físico o una dirección de correo electrónico donde informar las posibles malas praxis o irregularidades.
Con todo ello y desde una perspectiva global, una óptima implantación del sistema interno de información tiene innumerables beneficios para las organizaciones, tanto de la imagen interna como externa, como económicos.
«¿Están las empresas y entidades preparadas para poder implantar un eficiente sistema interno de información?»
Imagen Interna: conlleva una cultura empresarial sana que fomenta el compromiso de sus empleados/das, aumenta la motivación, retiene el talento, mejora el clima laboral e incrementa el rendimiento laboral.
Imagen externa: incremento de la reputación y el prestigio, aumento de los clientes y de las ventas.
La empresa y/o organización del siglo XXI, debe ser transparente y generar confianza, tanto a su plantilla como a su clientela. Debe poder ofrecer protección a las personas que detecten e informen de irregularidades, así como motivar a denunciarlas. Una irregularidad informada en una fase incipiente puede prevenir consecuencias legales, financieras y reputacionales. Las organizaciones deben valorar el uso del sistema interno de comunicación ya que permiten detectar prácticas fraudulentas y prevenir delitos de corrupción.
¿Están las empresas y entidades preparadas para poder implantar un eficiente sistema interno de información? La realidad es que para las empresas y entidades se contempla como una imposición más. Venimos de un largo periodo de disposiciones legales obligatorias como puede ser la elaboración, negociación y registro de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y/o por razón de sexo, elaboración anual del registro retributivo, registro horario...
En este caso, considera la posibilidad de externalizar la gestión del canal, lo que permite cumplir la ley y asegurarse de que cumple con los requisitos técnicos y procedimentales establecidos, a la vez que refuerza la independencia del canal y ofrece la garantía de que la denuncia va a ser tramitada de forma eficiente, profesional o independiente. Permite apoyarnos en personas expertas en la materia, con alta especialización y experiencia.
Mònica Prats Reverter es responsable del Área de Desarrollo de personas e igualdad en Estivill - ETL Global ADD
