La polémica surgida en torno a la cesión del parqué del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània a Girona para que el pabellón de Fontajau siga con su habitual actividad, tras los daños sufridos por el temporal Gloria, no deja de ser pecata minuta respecto al problema real que hay detrás de todo este asunto: desde que acabaron los Juegos Mediterráneos la instalación estrella de Tarragona’2018 lleva 19 meses cerrada.
Resulta vergonzoso, y me quedo corto en el calificativo, que un Palau que costó 18,4 millones de euros se halle aún en desuso transcurrido todo ese tiempo. E indigno que a estas alturas políticos y técnicos de la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Tarragona no hayan encontrado todavía la formula jurídica para que la instalación financiada por el Govern pase a ser municipal. Justamente era lo primero que tenían que haber pactado, incluso antes de mover tierras. De nada sirve el patrimonio, por cierto, si no se le da ningún tipo de uso.
El Palau d’Esports de l’Anella se ha pagado con dinero de los ciudadanos (es bueno recordárselo a la clase política). Y son los tarraconenses quienes deben disfrutarlo. Con su cierre se perjudica a los clubs de la ciudad, que podrían sacarle provecho para entrenar en mejores condiciones, y también al deporte base que prioriza el nuevo equipo de gobierno municipal.
Ése es el auténtico drama, más allá del cruce de declaraciones sobre si era necesario o no ceder provisionalmente el parqué. Que no engañen a nadie.
