El Ayuntamiento de Salou tendrá que indemnizar con 160.000 euros, más intereses, a un exagente de la Policía Local que resultó gravemente herido en acto de servicio. Así lo ha determinado el Juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona, que ha dado la razón a las demandas del trabajador después de más de dos años de litigios. Se trata de la primera sentencia en los Juzgados de Tarragona que reconoce la responsabilidad de un ayuntamiento por las lesiones sufridas por un policía en acto de servicio.
El agente sufrió las heridas al ser arrollado por una bicicleta cuando intentaba atrapar a un ladrón. La razón por la que el Ayuntamiento debe hacer frente a la indemnización es que el responsable de las lesiones, un ciudadano de nacionalidad francesa, no pudo ser localizado para juzgarlo.
Los hechos se remontan a agosto de 2021. Durante un patrullaje de noche por la zona de ocio de Salou, el policía y otro compañero detectaron a un grupo de cuatro jóvenes que iban en bicicleta y arrastraban un patinete, con indicios de haber sido robado. Al intentar pararlos, se dieron a la fuga. La persecución culminó en la calle Salvador Dalí, en la urbanización de Covamar. El agente bajó del coche para intentar atrapar a uno de los sospechosos, que se volvió contra él y lo arrolló con la bicicleta. El agresor fue detenido ese mismo día.
Fruto del atropello, el agente sufrió un esguince grado III con rotura completa del ligamento cruzado anterior. Pasó tres veces por quirófano, estuvo un día hospitalizado y requirió de hasta 400 días más de curación. Un año y medio después del suceso, se le reconoció una incapacidad permanente total para ejercer de policía.
Fruto de las lesiones, se tuvo que operar tres veces y se le reconoció una incapacidad total
La cantidad de la indemnización responde a la valoración de los días que estuvo impedido por la agresión, las diferentes intervenciones y secuelas, el perjuicio moral y patrimonial por lucro cesante, así como los gastos médicos que tuvo que asumir (unos 23.500€). En total, la indemnización que debe abonar el Ayuntamiento asciende a 161.334,54 euros, que sumando los intereses, llega a los 170.000.
Asimismo, la jueza también falló a favor del policía en su reclamación de ser readmitido por el Ayuntamiento en un puesto de trabajo en segunda actividad. Y es que, tras recibir la incapacidad total, el consistorio decidió jubilar al agente como funcionario de carrera. Una decisión que el trabajador recurrió, al considerar que impedirle el acceso a un trabajo en segunda actividad, «conlleva un trato desigual que atenta contra su dignidad y los derechos de las personas con discapacidad».
Desde el Ayuntamiento de Salou manifiestan que «la jurisprudencia es pacífica en este punto. Cuando un agente de la autoridad sufre una agresión en el ejercicio de sus funciones y la agresor resulta insolvente o no se puede localizar, la Administración pública tiene que responder por la indemnización correspondiente. Esto se basa en el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración».
