El expresidente Carles Puigdemont, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por los delitos de prevaricación y malversación contra el juez del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Además, solicitan como medida cautelar apartarlo del ‘caso Volhov’, que investiga presuntas injerencias rusas en el procés independentista.
Las defensas de los dirigentes de Junts consideran que el magistrado “instrumentaliza la creación de piezas separadas con una finalidad ilegítima e ilícita, que no es otra que burlar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos”. Los denunciantes advierten en su querella que, por el momento, ya se ha dictado una resolución en la que 13 personas están siendo investigadas ilegalmente, quedando a merced del juez querellado, sin posibilidad de defenderse y con graves expectativas de que sus derechos constitucionales se vean aún más mermados.
