«Quiero poder decir a mi hijo que el franquismo fue condenado por un juez, que la muerte de su bisabuelo no quedó en el olvido. No es lo mismo que los familiares de las víctimas o un historiador denunciemos los crímenes del franquismo, que sea un juez quien determine que aquello fue un delito». Así resume Montserrat Giné, presidenta de la Associació?de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), el por qué presentó ayer una denuncia ante el consulado argentino de Barcelona contra la represión franquista tras la Guerra Civil. La denuncia tarraconense se suma a la macroquerella que instruye la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría.
La denuncia alude a las 771 personas que murieron entre 1939 y 1948 a manos de los represores franquistas. Procedentes de 140 localidades de Tarragona, 665 personas fueron ejecutadas y otras 106 murieron en la cárcel por enfermedades derivadas de sus pésimas condiciones de vida.
