«Hemos recibido muchas consultas y estamos preparando ya las demandas», explica la abogada tarraconense Eva Pedraza, de la firma Sugranyes Assessors, con sedes en Tarragona, Montblanc y Valls. Sus campañas de publicidad en los últimos meses han provocado este repunte. «La gente se ha dado cuenta de lo que tenía en su hipoteca. El perfil de afectados es muy variado. Va a ser otro boom, similar al de las cláusulas suelo», dice Pedraza, sobre las hipotecas ligadas al IRPH (Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios), indicador heredado de la época de las cajas, aunque utilizado también por los bancos, que se perfila como el nuevo agravio bancario al consumidor.
Mañana el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre el IRPH y todo hace prever que recogerá el espíritu del dictamen que hace unos meses hizo Maciej Szpunar, el abogado de la UE. El letrado sostuvo que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial no implica que no pueda considerarse poco transparente o haberse comercializado de manera opaca. En síntesis: abre la puerta a tumbar este indicador de marras, lo que puede traducirse en que muchos hipotecados puedan recuperar miles de euros, también en intereses. «El IRPH es la madre del cordero. Es un producto que se comercializó desde finales de los 90 hasta 2013, pero sobre todo con especial incidencia hasta 2005. El banco le decía al consumidor que el producto era más seguro, pero estaba ganando más dinero con él», explica Sergi Guillén, abogado de Reus, uno de los pioneros en la provincia en tumbar a la banca en este tema. Guillén espera con expectación lo que pueda ocurrir el martes en Luxemburgo: «Está claro que el 100% no será a favor, la sentencia pondrá algunas salvedades. Hay que tener en cuenta que los bancos son un lobby muy potente. Además, no va a ser algo automático».
Unos 7.000 euros por caso
Él también ha notado un crecimiento de casos: «Las consultas han subido, hay clientes con demandas de hace tiempo que me están llamando con insistencia». «Ha habido un incremento de casos que nos llegan», cuenta el letrado Joan Andreu Reverter, presidente de la sección de derecho bancario del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.
Lo que se juzga abre la puerta a que miles de afectados (alrededor de 25.000 en la provincia) puedan recuperar cifras variables que van de los 4.000 a los 7.000 euros de sus hipotecas, mucho más gravosas porque eligieron este índice en lugar del Euribor, en eventuales situaciones de poca transparencia. «Hay que tener en cuenta que a finales de 2008, el Euribor caía en picado y el IRPH se mantenía, lo que provocó una diferencia del 1 al 4, de tres puntos», rememora Reverter. Eso hizo que, en algunos casos, alguien pagara durante años el doble de hipoteca con respecto a otra persona. Reverter es optimista desde el punto de vista del consumidor: «Por la trayectoria que hemos visto, normalmente las sentencias reflejan el informe del abocado general». Eso sí, Reverter dibuja tres escenarios posibles: eliminar el IRPH de los contratos de forma radical, «en una línea de castigo del derecho europeo a las empresas en defensa del consumidor, para que tenga efectos disuasorios» y que se traduzca en la eliminación y la devolución de los intereses.
La otra posibilidad pasa por «no castigar tanto a los bancos porque son un pilar del sistema», eliminando el IRPH pero manteniendo los puntos porcentuales, los diferenciales que se agregaban al índice, lo que obligaría a un recálculo de cuotas y a una devolución, aunque menor. La tercera opción es suplir el IRPH por el tipo de hipoteca más habitual de cada época, por ejemplo Euribor +1, incluyendo ese diferencial. «Eso haría que los bancos tuvieran que devolver dinero pero no tanto, aunque igualmente tendría un efecto disuasorio y punitivo», asume Reverter. «Si se anulan los intereses, van a ser cifras astronómicas», anuncia Guillén.
La justicia tarraconense ya lleva año y medio posicionándose sobre el IRPH. Si bien algunos casos de los últimos meses se han dejado en ‘standby’ a la espera de Europa –no de una manera oficial, pero sí de facto, según algunos letrados–, sí que ha habido sentencias, tanto de juzgados como de la Audiencia Provincial, que han anulado una parte del IRPH. Se trata de una nulidad parcial de los llamados índices sustitutivos, a pesar de que ese sistema fue anulado por ley en septiembre de 2013. Es una especie de antesala de lo que dirá el TJUE. Cuando a partir de 2013 se suprimen estos índices, hubo bancos y cajas que no los cambiaron al llamado IRPH-Entidades sino que aplicaron un tipo fijo, cuando de entrada el cliente había pedido uno variable.
Es ahí donde tanto el juzgado número 8 de Tarragona, que aglutina estos casos, como la Audiencia Provincial, están dando la razón al cliente, algo que no sucede de la misma manera en otras provincias de España. Solo ocho Audiencias Provinciales más han dictado a favor del consumidor. En noviembre de 2018, un reusense recuperó algo más de 2.000 euros por esa cuestión de una hipoteca pequeña. En 2019, una vendrellense logró la devolución de unos 7.000 por el mismo concepto. «A partir de la sentencia de noviembre de 2018, la Audiencia de Tarragona cambió el criterio y empezó a dar la razón al consumidor», dice Guillén, el abogado que ganó el caso. La sala estimaba que la inclusión de ese tipo fijo y no el variable IRPH Entidades «no cumple con las exigencias de transparencia». Y ahí está la clave del panorama que se abre a partir de ahora. «Va a ser, como tantas veces, una cuestión de información y de transparencia. Al consumidor le tenían que haber hecho simulaciones comparativas de cada una de las opciones. Los bancos deberán demostrar eso. La prueba de carga recaerá en ellos», cuenta Reverter.
Es algo que, durante muchos años, las entidades financieras no hicieron, por lo que la situación es relativamente optimista para el reclamante mientras la banca contiene el aliento ante lo que puede ser un nuevo varapalo. «Confiamos en que la sentencia salga favorable al consumidor. Hay muchas hipotecas referenciadas a los IRPH, sobre todo algunas de mucho recorrido. Se ha demostrado que ha habido malas prácticas y falta de transparencia, zanja Isabel Pons, coordinadora de Adicae en Catalunya.
