El Gobierno acaba de aprobar una subida de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social con la que prevé ingresar cada año 15.000 millones de euros más. Los empresarios advierten que, con esta reforma, se ponen en peligro miles de trabajos y se frenan subidas salariales.
España es el tercer país de la Unión Europea donde las empresas abonan más cotizaciones sociales medidas en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, el 10% del PIB, el mismo porcentaje que en Francia, y solo superado por Estonia (11%) y República Checa (10,2%), según el último informe de Eurostat 'Taxation Trends 2022', con datos de 2020. En Alemania, por ejemplo, representan el 7,3% del PIB y en Portugal, el 6,3%.
Además de tener uno de los niveles de cotizaciones empresariales más altos en porcentaje del PIB -un 35% superior a la media europea-, España es el tercer país donde más ha subido la aportación de las empresas a la Seguridad Social en una década: 1,6 puntos del PIB; los únicos países donde se ha incrementado más son Chipre y Eslovaquia.
Si se incluyen las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, España está más cerca de la media europea: las contribuciones sociales totales representan el 13,8% del PIB frente al 13,5% del PIB de media en la UE. En Alemania, República Checa, Francia (donde Macron acaba de aprobar también por decreto y entre fuertes protestas el retraso de la edad mínima de jubilación a los 64 años), Austria, Eslovenia y Eslovaquia se aporta más de forma conjunta empresa-trabajador al sistema de pensiones.
Reforma
No obstante, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que con los nuevos recargos apenas aumentarán los costes laborales por hora: calcula que pasarán de los 23,4 euros actuales a 23,5 euros y después, en 2050, a 23,8 euros.
La reforma aprobada introduce una cuota de solidaridad sobre las rentas salariales más altas (que supondrá en 2045 hasta un 7% más de cotización sobre la parte de renta que excede de la base máxima reguladora ahora situada en 54.000 euros) y el endurecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se ha introducido este año y cuyo tipo impositivo se eleva del 0,6% actual al 1,2%.
Los expertos advierten de la necesidad de
, un sistema que requiere cada año más transferencias del Estado para cubrir el pago de las prestaciones. Antes de los recargos aprobados, el sistema necesitaba alrededor de 39.000 millones de euros en transferencias estatales en este ejercicio, algo más del 25% de los 152.000 millones previstos de ingresos por cotizaciones, según los cálculos del BBVA Research.
Las tensiones en el sistema de pensiones español aumentarán a medida que se vaya incorporando a la jubilación la generación del 'baby boom'. Las previsiones apuntan a que de los actuales diez millones de pensiones se pasará a quince millones en 2050, un 50% más.
Tasa de dependencia
España es uno de los países donde más aumentará la tasa de dependencia (mide el porcentaje de personas que dependen de la población activa, que está constituida por los que trabajan y los que están en disposición de trabajar). Como la población envejece -cerca del 20% de la población española tiene ahora más de 65 años y en 2070 representará ya un tercio del total- la tasa de dependencia irá empeorando.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la tasa de dependencia alcance el 53% en 2050 y el Banco de España estima que llegará al 60%, es decir que habrá dos pensionistas por cada tres personas en activo. Si se incluye a los menores de 19 años, esa ratio será del 93%, según las proyecciones de Eurostat. Además, el aumento de la esperanza de vida también hace que cada vez se esté más tiempo cobrando la pensión: 20,7 años de media los hombres y 23,9 años las mujeres. En ambos casos, la previsión es que este plazo aumente como mínimo dos años.
Las medidas aprobadas por el Gobierno no serán suficientes, advierte el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y el sistema de pensiones registrará en las próximas décadas un déficit «elevado y creciente» que habrá que cubrir con impuestos o deuda, lo que dejará poco margen para financiar un mayor gasto en sanidad y dependencia, áreas que debido al envejecimiento poblacional exigirán cada vez más recursos.