La brusca subida de los tipos de interés y la fuerte crisis energética ha obligado a Gobierno y banca a acelerar las negociaciones para proteger a las familias vulnerables ante el encarecimiento de las hipotecas que están sufriendo desde verano.
Tras los últimos encuentros entre el Ministerio de Economía y las entidades, el acuerdo está prácticamente cerrado a falta de los últimos detalles, según fuentes de la negociación. El principal escollo era el de redefinir el término de hogar 'vulnerable' que establece el actual Código de Buenas prácticas bancarias para tratar de dar cabida a un mayor número de perfiles que puedan acogerse a medidas como la reestructuración de la deuda. No habrá un tope legal de los tipos, como pedía el socio de gobierno, Unidas Podemos.
Los planes del sector, y que habrían sido bien recibidos por el Ministerio de Economía, pasan por alargar los plazos de las hipotecas cuya cuota se haya disparado al menos un 30% de una sola vez como consecuencia de la escalada del euríbor. La media de octubre se encuentra en el 2,5%, frente al -0,5% de finales del año pasado. Eso sí, solo los hogares con ingresos inferiores a 24.318 euros al año, tres veces el IPREM en 14 pagas, podrán acceder a esa ayuda financiera. Otro de los requisitos que habrá que cumplir es que el importe de la cuota mensual represente, al menos, el 40% de los ingresos netos del hogar tras la revisión por el repunte del euríbor.
La idea es que las medidas operen durante un año solo para las hipotecas firmadas a tipo variable concedidas después del 1 de enero de 2012. Desde Economía insisten en que las conversaciones con el sector continúan abiertas y que no se ha tomado una decisión en firme. Fuentes del departamento dirigido por Nadia Calviño matizan, además, que el pacto que finalmente se alcance no se regulará mediante un real decreto de obligado cumplimiento para el sector, sino como un anexo al actual Código de Buenas Prácticas. Es decir, se instará a las entidades a «autorregularse» y a adoptar de forma voluntaria las medidas.
El Ejecutivo no ha impuesto una fecha límite para alcanzar el acuerdo final, como si ocurrió con el plan de protección a los mayores o en el reciente pacto alcanzado para reforzar los servicios financieros en el ámbito rural. Para este último, el Gobierno dio un plazo de seis meses a las entidades -prorrogable a otros seis- para instalar servicio presencial en aquellas zonas donde ahora no exista. «Son muchas las propuestas que hay encima de la mesa y vamos a analizarlas para que, cuanto antes, podamos tener un catálogo de medidas de apoyo a las familias en este contexto de subidas de tipos de interés», expresó ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.