Hasta 1.100 millones de euros en una inversión estratégica para el futuro del polo petroquímico de Tarragona penden de un hilo. Hoy expiraba el plazo de enmiendass para tratar de evitar que el impuesto extraordinario a la banca y las grandes energéticas se convierta en permanente y, en consecuencia, active la advertencia hecha hace un año por Repsol: sin un marco legal y fiscal estable, no habrá inversiones en España.
Los proyectos en cuestión son la Ecoplanta de El Morell y el mayor electrolizador de España, asociado a esta planta, que son el buque insignia de la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona, además de cruciales para su futuro. Su destino, de consumarse la amenaza, podría ser Portugal.
Por lo pronto, fuentes de Repsol adelantaron al Diari de Tarragona que «Repsol ha decidido invertir en un electrolizador en Sines (Portugal), mientras sus proyectos en España siguen en stand by, por la falta de un marco regulador y fiscal estable».
«Este impuesto es un ataque directo a la competitividad de las empresas energéticas españolas» (Maria Mas, AEQT)
«Si estos proyectos finalmente caen -explicaron las mismas fuentes de Repsol-, se retrasa la indispensable descarbonización de la industria petroquímica, y se ahonda en el proceso de desindustrialización que se viene observando en España», donde la industria ha bajado del 18,8% del PIB en el año 2000 al 14,2% en 2023.
Lo que hace un año empezó como un párrafo muy medido en el comunicado de presentación de resultados de Repsol -que dejaba caer que el punto del acuerdo de coalición alcanzado por PSOE y Sumar donde se contempla convertir en permanente el impuesto extraordinario sobre la banca y las energéticas compromete sus futuras inversiones en España-, va camino de convertirse en una grave crisis.
«Están en juego inversiones mil millonarias para seguir avanzando en la descarbonización» (Andreu Puñet, AOP)
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, añadía que «es un impuesto discriminatorio, ilegal e inconstitucional. Hay negocios, como el de la química, que están pagando este impuesto y eso hace que tengan dificultades a la hora de competir en el mercado internacional». A esta posible inconstitucionalidad, Repsol añade ahora una incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, que le ha llevado a recurrir a los Tribunales solicitando la anulación de este impuesto.
El aviso a navegantes fue claro hace un año: «Antes de tomar una decisión de inversión -aseguró Imaz-, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones».
Hace un año que Repsol alerta del impacto de hacer permanente este impuesto
Esas decisiones pueden estar a punto de consumarse. Y, con ellas, podrían caer el mayor electrolizador de España (con hasta 150 MW) y la Ecoplanta de El Morell -ambos avalados por la Comisión Europea (CE) tras un durísimo proceso de selección competitiva en toda Europa-, que suman una inversión conjunta de 1.100 millones de euros, de los cuales 106 millones de euros serían aportados por la CE.
Son, de hecho, los dos proyectos estrella que tiene hoy el polo petroquímico de Tarragona para transitar con éxito hacia su descarbonización y circularidad, exhibidos como referente para atraer nuevas inversiones.
Su posible cancelación o paso a situación de stand by permanente son un jarro de agua fría para muchas de las ambiciones de este territorio para conseguir una industria descarbonizada, circular y de alto valor añadido en el marco de un continente, el europeo, donde no todos los complejos petroquímicos van a sobrevivir a este proceso.
Preguntada por el Diari de Tarragona, Maria Mas, directora gerente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), destacó ayer que «una de las fortalezas del polo petroquímico de Tarragona es su integración y sinergias, y este tipo de proyectos nacen para completar sinergias».
«Hay un primer impacto directo muy inmediato, que es el hecho de perder una inversión de 1.100 millones de euros, que nos hace perder una posición muy importante en esta carrera por la descarbonización».
Pero más allá de la inversión concreta, Maria Mas carga sobre la esencia de un impuesto que conduce al polo petroquímico a una situación límite: «Un impuesto que fue algo extraordinario en 2022, temporal, por una situación de crisis con el gas por la guerra de Ucrania, ahora se convierte en fijo para tratar de equilibrar alguna balanza, y queda como un impuesto estructural. Es un ataque directo a la competitividad de las empresas energéticas españolas, claramente».
«No podemos poner en riesgo el futuro de empresas esenciales para garantizar la sostenibilidad y la autonomía estratégica» (Juan Antonio Labat, Feique)
De la misma opinión es Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), quien asegura que «el exceso de presión fiscal sobre la industria genera un entorno poco atractivo para las inversiones, y no se encuentra alineada con las prioridades de reindustrialización que tanto desde el Consejo Europeo o desde la Comisión Europea se están trasladando de cara a la nueva legislatura comunitaria».
«La industria -añadió Labat- tiene un gran efecto tractor sobre la economía y la generación de empleo, y no podemos poner en riesgo el futuro de empresas que son esenciales para garantizar la sostenibilidad y la autonomía estratégica de nuestro país».
Andreu Puñet, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) comparte este análisis: «Mantenemos nuestra posición de rechazo a la nueva extensión al impuesto extraordinario o a su permanencia, como parece que aprobará el Gobierno».
«Esta prórroga -prosiguió Puñet- comprometería la competitividad de nuestra industria y dificulta el proceso de transición energética, más aún cuando están en juego inversiones mil millonarias en los próximos años para seguir avanzando en la descarbonización».
«El Gobierno -añadió Puñet- debería considerar la postura de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en junio defendió la necesidad de que estos gravámenes extraordinarios fueran limitados y temporales. Además, la Comisión Europea reconoció, en un informe publicado a finales del año pasado, que ya entonces la situación era muy distinta a la que originó este impuesto extraordinario».
Foment pide al Govern que se oponga a un impuesto permanente a las energéticas
En esta misma línea, Foment del Treball instó ayer al Govern de la Generalitat a oponerse a que este impuesto se convierta en definitivo, argumentando que esta medida representa un «ataque al corazón de la economía» catalana. Esta patronal considera que se trata de una acción discriminatoria hacia un sector que ha visto bajar sus precios a niveles anteriores a la crisis.