Las ocupaciones de viviendas han bajado en los cuatro últimos años un 5,4 por ciento, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, que cifra en 15.911 las registradas por las fuerzas de seguridad en 2024.
Son datos que el Gobierno ha facilitado en una respuesta parlamentaria por escrito a trece diputados del PP y que recogen los hechos conocidos por allanamiento y usurpación de inmuebles por provincias en los años 2021, 2022, 2023 y 2024.
Mientras que las ocupaciones o usurpaciones han descendido, los allanamientos han aumentado en el periodo analizado, en concreto un 16,7 por ciento al pasar de 441 en 2021 a 515 al cierre del pasado ejercicio.
El Gobierno recuerda en su respuesta que las fuerzas de seguridad "actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y éste haya presentado una denuncia".
Los agentes también actúan en el caso de las usurpaciones (u ocupaciones) de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada.
"Aquí el proceder de las fuerzas de seguridad está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento", recalca la respuesta.
Por comunidades autónomas, las usurpaciones bajaron en diez de ellas el periodo analizado, además de en Ceuta y Melilla (-33,3 %), especialmente en Castilla-La Mancha (un -31,5 %), por delate de Navarra (-26,3 %) y Murcia (-25,6 %).
Entre las siete comunidades donde subieron destacan País Vasco, con un alza del 76,8 por ciento, por delante de La Rioja (53,8 %) y Canarias y Galicia, ambas con un incremento del 28 por ciento.
En términos absolutos es Catalunya la comunidad con más ocupaciones o usurpaciones, con 7.009 el pasado año, de las que más de 5.000 se produjeron en Barcelona, aunque han bajado respecto a 2021 tanto en la autonomía como en la provincia (un 4,5 y un 3,7, respectivamente).
Respecto a los allanamientos, bajaron en seis comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Catalunya (aunque en está no se registró ninguna frente a una sola en 2021), Extremadura y Galicia.
