El Ayuntamiento de Roda de Berà activará el 28 de julio, si no hay ningún contratiempo, la nueva ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico. Será la primera localidad de la provincia de Tarragona que pone en marcha una normativa municipal que concreta la Llei Turisme de Catalunya y el Decreto 75/2020 de la Generalitat.
La normativa municipal tiene un claro objetivo y no es otro que buscar el mayor equilibrio entre esta modalidad turística en el municipio y la convivencia con el vecindario donde estén ubicadas estas moradas. El alcalde, Pere Virgili, admite que uno de los problemas con los que lidia cada temporada el Ayuntamiento y la Policía Local son lo que el llama «pisos o chalets patera fiesteros», es decir viviendas que se promocionan por las redes sociales para celebrar una fiesta de un día sin tener en cuenta ni el aforo, ni el vecindario, ni las molestias por ruido....
«Es un problema que por suerte no está extendido, pero sí que tenemos localizados unos 7 u 8 emplazamientos donde se han realizado estos eventos en más de una ocasión y que son multirreincidentes, aunque es difícil luego poder sancionar e impedirlo porque cada vez que se organizan estos eventos, los que alquilan son diferentes a las ocasiones anteriores», se sincera el alcalde rodense.
Modelos y adaptación
La ordenanza rodense que debe entrar en vigor a finales de julio está compuesta por 37 artículos y tres disposiciones. Se trata de una ordenanza ensamblada para este municipio e inspirada en otras ordenanzas que el consistorio ha estudiado para poderla poner en marcha de la forma más precisa posible y sin lagunas a la hora de poder regular este sector turístico.
El alcalde explica que esta normativa municipal no especifica el número de viviendas turísticas en función de la urbanización o barrio. El actual planeamiento urbanístico rodense, del siglo pasado, impediría fijar un número máximo de pisos turísticos por zona. De hecho, Virgili tampoco es partidario de poner una cifra concreta, pero sí que apuesta por una distribución de estas viviendas acorde a la zona y al vecindario.
La ordenanza especifica en su articulado las obligaciones y derechos de sus propietarios y de sus inquilinos temporales, que podrán hacer uso de la vivienda en un tiempo máximo de 31 días. De hecho, esta es una de las características para separar un alquiler habitual de uno de uso turístico.
Otra de las condiciones que se establecen es que la capacidad turística será la misma que fija la cédula de habitabilidad y que nunca podrán superar las 15 plazas como capacidad máxima.
El propietario deberá llevar un control de sus huéspedes, informar al Ayuntamiento del inicio de la actividad y dejar un teléfono de contacto al consistorio para cualquier necesidad.
Las sanciones
La tipología de sanciones que establece la normativa se dividen en tres: leve, grave y muy grave. En función del parámetro, la multa económica tiene unas cantidades: hasta 3.000 euros (leves) hasta 60.000 € (graves) y un tope de 600.000 € (muy graves). La misma normativa establece que esta graduación de cantidades se especifica porque hay otros factores a tener en cuenta, entre ellos el número de personas, la situación financiera del sujeto turístico o la reincidencia.
La infracción puede incluso a cerrar el piso turístico y se establece en el articulado de la ordenanza que «el órgano competente puede acordar el cierre de las viviendas de uso turístico».
La ordenanza de pisos turísticos de Roda de Berà será la primera en entrar en vigor en la provincia de Tarragona y adelantándose a la de Salou, que en estos momentos está en una fase de análisis de datos a cargo de la Càtedra Unesco de l’Habitatge de la URV, órgano encargado de gestionar esta información previa a la elaboración de la normativa.
Salou también se prepara
La capital de la Costa Daurada presentó a finales de mayo su hoja de ruta para tener una ordenanza reguladora de pisos turísticos a finales de este año o a principios de 2023, con la finalidad de regular el sector la próxima temporada.
Al igual que Roda de Berà uno de los principales problemas de esta tipología de pisos son las dificultades con la convivencia del vecindario y la falta de una norma precisa de los límites de derechos y deberes provoca a veces problemas de incivismo que se quieren erradicar. Actualmente hay más de 6.400 pisos turísticos.