Port Torredembarra S.A. tendrá la concesión del puerto durante, al menos, los próximos 15 años. A mitad de diciembre la Generalitat le concedió la prórroga para el máximo de tiempo permitido por ley, un permiso que, tal y como advierte el alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, «está supeditado a nuevas inversiones y por tanto genera una nueva situación condicionada a ellas». Esta inversión pasa por llevar a cabo una reforma del puerto que, tal y como ya publicó el Diari en julio, deberá cumplir con la normativa de Govern catalán, que exige una mayor integración del puerto con el municipio y mejoras medioambientales.
Para dar respuesta a estas nuevas exigencias, Port Torredembarra S.A. invertirá 9,5 millones de euros, que están previstos en el proyecto de reforma que ya se entregó a la Generalitat. El capitán marítimo del puerto, Oriol Milà, explica que «ahora estamos esperando tener la licencia de obra para empezar» y, una vez arranque, calcula que los trabajos pueden alargarse entre dos y tres años: «Los ejecutaremos por fases, respetando siempre la dinámica del propio puerto para evitar que quede interrumpida», asegura.
Escepcicismo entre los usuarios
El concepto de «prórroga» ha generado algunas dudas entre los usuarios del puerto que «han creído tener el derecho a la prorrogar sus condiciones contractuales y esto no es así», destaca Milà. El capitán marítimo del puerto aclara que «este derecho se le concede a la concesionaria de la entidad, no al usuario. Semánticamente se dice ‘prórroga’, pero en realidad se nos está otorgando una nueva autorización de explotación del puerto, ligada a un contrato que parte de cero y por eso hemos tenido que presentar un nuevo proyecto», de modo que «las licencias que se concedieron en 1992 han quedado obsoletas».
Aun así, desde Port de Torredembarra S.A. se ha buscado favorecer a los usuarios que ya eran miembros de la sociedad y «les hemos ofrecido a todos la posibilidad de continuar con nosotros pero con las nuevas condiciones que tenemos que marcar». Además, al haber tenido ya un derecho de uso anterior, «ahora estos socios tienen derecho preferente a seguir con el amarre que ya tenían». Lo que sí que cambia es el modelo de gestión: «Ya no hay compra venta», aclara Oriol Milà. Ahora, con el nuevo contrato, esta opción ha desaparecido y el amarre pasa a ser de alquiler, ya sea anual, para cinco o para quince años. Con esto, matiza Milà, «evitamos que, quien antes compraba, creyera que tenía en sus manos una propiedad. Esto no es así».
Los cambios del puerto
Según explica el capitán marítimo del puerto, el nuevo proyecto «da mayor sociabilización al espacio desde todos los puntos de vista, ya sea urbanístico, como medioambiental, como también formativo».
A nivel de medioambiente, se dotará a la instalación de placas fotovoltaicas y se construirá el megabiótopo Antina, de 18 metros de altura. Urbanísticamente, «dignificaremos tanto el paseo marítimo, que quedará unido al puerto y terminará en el mismo edificio de Capitanía, de modo que los ciudadanos no sabrán si han entrado en un espacio privado o si siguen caminando por una zona de dominio público». Además, se recuperará el antiguo acceso al puerto desde el camino de ronda del Roquer. También «reduciremos la edificación alrededor de la infraestructura para no castigarla con promociones inmobiliarias».
Por último, a nivel formativo, Milà destaca la creación de un centro de entidades, de modo que permita participar de las acciones del puerto «desde la biología marina, las actividades náuticas menores y el submarinismo».
Finalmente, Oriol Milà recuerda que «el proyecto reduce la presencia del sector terciario que estaba sobredimensionado y hemos roto con la visión inmobiliaria que se tenía de los puertos en los años 90». Por contra, «apostamos por el sector secundario», es decir la industria o la formación, entre otros, y «por ayudar y mantener al primario», o dicho de otro modo: la pesca.
