El Gobierno venezolano ha informado este sábado de la detención de dos ciudadanos españoles implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos «terroristas», entre ellos asesinar al presidente Nicolás Maduro, y que según ha detallado «tienen vínculos» con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que ha sido desmentido por el Gobierno de España.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado a última hora de la tarde de este sábado -hora española- la detención de esos dos ciudadanos españoles junto a tres estadounidenses y un checo, en una operación en la que han sido incautadas más de 400 armas.
Ha precisado que algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela «un grupo de mercenarios» con el propósito de asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y a otros dirigentes del chavismo.
En una comparecencia solo para medios públicos venezolanos, Cabello ha detallado que los españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, y que «tienen vínculos» con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.
Pero fuentes del Gobierno han desmentido que los arrestados pertenezcan al CNI, aunque no han podido precisar más detalles sobre esas detenciones.
Los arrestos se han conocido en una jornada en la que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno de España que «se sume a defender la democracia en Venezuela» y respalde el acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados para reconocer al candidato de la oposición en las recientes elecciones, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de ese país.
Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar tiene previsto reunirse la próxima semana con González Urrutia, como ya han hecho los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy y el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El líder opositor, a quien el Congreso ha instado a reconocer como presidente electo, ha solicitado asilo en España, donde se encuentra desde el pasado domingo y Aznar, que ha estado de viaje estos días, tiene previsto verse con él la próxima semana, según han indicado fuentes de su equipo.
En Logroño, Gamarra ha adelantado que la semana próxima llevarán al Senado una resolución similar a la respaldada por el la Cámara Baja, que supone, ha dicho, «defender la democracia para el pueblo venezolano, defender el resultado electoral y, por lo tanto, la verdad de lo que ocurrió en las últimas elecciones».
Además, ha afirmado que el PP pretende «liderar en Europa» esa posición para reconocer a González como presidente venezolano «porque así lo decidieron los venezolanos».
«Eso es lo que se hace en democracia, no hay que arrepentirse nunca de pedir democracia y defenderla, en nuestro país y en el resto del mundo», ha recalcado y ha afirmado que el Gobierno español «se equivoca al no alzar la voz y defender estos principios».
Desde Caracas y en una entrevista con RTVE, el abogado de González, José Vicente Haro, ha dicho este sábado que está a la espera de una reunión con las autoridades judiciales del país caribeño para cerrar el caso contra el líder antichavista.
«Se está a la espera, luego de declaraciones que hiciera el fiscal general de la república (Tarek William Saab) el fin de semana pasado, de una nueva reunión en la cual ya se traten los aspectos relativos al cierre judicial del caso, una vez que Edmundo González Urrutia se ha retirado del país y se encuentra en territorio español», ha explicado Haro.
El letrado ha señalado que el próximo paso será, «definitivamente», el de «cerrar esa causa» contra el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -mayor bloque antichavista-, señalado por delitos como «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes» y «conspiración», entre otros.
«Es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales», sostuvo el letrado, algo que, ha explicado, tiene que «gestionar ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía)» en «una comparecencia» para «cumplir con la formalidades correspondientes».
Ha agregado que se insistirá en que González Urrutia «no ha cometido delito» alguno.
El opositor fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres ocasiones debido a una investigación en su contra, relacionada con la publicación, en una página web, del «83,5 % de las actas» obtenidas a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa en la jornada electoral y que reflejan, según la PUD, la «victoria» del excandidato.
