Lo que 24 horas antes no podía ser, fue. Por el bien de las relaciones entre los dos socios del Gobierno, pero también para no dañar su propia imagen respecto a un asunto del que claramente ha querido hacer bandera —el compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y humanitario en Gaza—, Pedro Sánchez ordenó este jueves la cancelación unilateral del contrato de compra de balas suscrito por el Ministerio del Interior con la empresa israelí Guardian Homeland Security, en representación del fabricante de armamento IMI Systems.
La rectificación sirvió para que Sumar, pero sobre todo Izquierda Unida —que había llegado a amagar con la salida de su única ministra, Sira Rego, del Ejecutivo—, den por zanjada una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la coalición gubernamental desde que comenzó la legislatura, a costa de la desautorización del ministro Fernando Grande-Marlaska.
En Moncloa rebajan el tirón de orejas al responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defienden que el presidente del Gobierno es perfectamente consciente de que en ningún momento actuó de «mala fe». «Una cuestión de pura inercia burocrática», justifican en su entorno.
Lo cierto es que cuando el pasado 24 de octubre trascendió que su departamento —en concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil— había encargado a la citada empresa el suministro de más de 15 millones de balas por valor de 6,6 millones de euros, ya estaba en vigor el compromiso del Ejecutivo de suspender todas las operaciones de compraventa de material militar con Israel.
Días después, el 29 de octubre, el Gobierno anunció que rescindiría la adjudicación, pero finalmente no lo hizo, y el pasado Viernes Santo se publicó su formalización en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Yolanda Díaz y las formaciones agrupadas en torno a Sumar pusieron el grito en el cielo y exigieron una rectificación. IU incluso reclamó la dimisión de Marlaska.
Pero en Interior y en Moncloa alegaban que el asunto no era tan sencillo: que había sido la Abogacía del Estado la que había recomendado seguir adelante, so pena de tener que pagar los 6,6 millones y no recibir la munición o incluso asumir alguna penalización.
Toda esa justificación saltó por los aires a mediodía de este jueves, cuando la Secretaría de Estado de Comunicación anunció en un comunicado que la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda —encarnada por Yolanda Díaz— y los ministerios competentes habían decidido que la Junta de Inversión de Material de Doble Uso deniegue a Guardian Homeland Security el permiso de importación «por razones de interés general», y que acto seguido, el Ministerio del Interior rescindiría el contrato.
Apenas unos minutos antes, el departamento de Marlaska solo reconocía que se le había pedido «revisar» el contrato y buscar «alguna fórmula jurídica» para tratar de anularlo con el menor coste posible o incluso sin coste alguno para las arcas del Estado.
En la misma nota en la que da marcha atrás, el Gobierno asegura que el resto de procesos de compra de material militar a empresas israelíes que siguen abiertos y que son relativos a armamento —el Ejecutivo distingue entre material ofensivo y defensivo— «no se van a ejecutar», y argumenta que, en todo caso, se trata de contratos que se iniciaron antes de que Israel desatara su ofensiva sobre Gaza, en la que han muerto ya más de 50.000 personas, la mayoría civiles, en represalia por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
Batalla en la izquierda
A Sumar y a IU, que pelea por volver a tener un papel preponderante en la izquierda, la rectificación les vale. Yolanda Díaz se mostró orgullosa tras sacar pecho por su implicación personal en el asunto.
«No hay relativismo en la defensa de los Derechos Humanos ni de la legalidad en el mundo«, alegó.
Antonio Maíllo reivindicó igualmente la presión ejercida por su partido y advirtió que el PSOE debe empezar a asumir que el Gobierno es bipartito y que no hay un socio principal y otro 'de prestado', aunque también se dio por satisfecho. En el resto de la izquierda, sin embargo, el asunto todavía colea.
Podemos, en competencia descarnada con Sumar desde hace más de un año, dio por hecho que, pese a todo, el Ejecutivo seguirá comerciando con Israel.
Su líder, Ione Belarra, se hizo eco en X de una información de eldiario.es que apunta a que España ya ha adjudicado o formalizado 40 contratos de compra de material militar a Israel por más de 1.000 millones de euros desde el inicio de la guerra.
También aseguró que se ha permitido que el puerto de Algeciras sea un punto estratégico en el tráfico de armas entre Estados Unidos y el Estado judío, y que desde Zaragoza se envían 60.000 piezas de armamento a Tel Aviv.
Pero también Bildu, ERC y el BNG sostienen que el Gobierno incumple sus compromisos, exigen «responsabilidades» y han registrado una solicitud de comparecencia urgente de Marlaska en el Congreso.
