Una semana después de exigir explicaciones al Gobierno por el espionaje a líderes independentistas, los partidos soberanistas catalanes han conseguido este jueves acceder a la comisión de secretos oficiales tras un cambio normativo ejecutado por la presidenta del Congreso para sortear el veto de PP, Vox y Cs.
La Cámara Baja ha constituido este jueves la Comisión de Gastos Reservados, nombre oficial de este órgano, de la que han pasado a formar parte diputados de EH Bildu, ERC, JxCat y la CUP, partidos supuestamente espiados por medio del «software» Pegasus. Los nuevos miembros de esta comisión, elegidos por voto secreto, son Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Edmundo Bal (Cs), Aitor Esteban (PNV), y los independentistas Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (JxCat), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran (CUP). La comisión, que se reúne a puerta cerrada, estará dirigida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y echará a andar previsiblemente la próxima semana, después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ofreciese a la Generalitat esta vía como fórmula para ofrecer toda la información y calmar el enfado de los independentistas por el espionaje.
Al independentismo, que este miércoles no ha participado en el debate, no le convence esta salida que considera insuficiente y sigue exigiendo una comisión de investigación sobre ciberespionaje a más de 60 líderes independentistas y la asunción de responsabilidades. En este contexto, ERC, hasta ahora principal socio del Gobierno en esta legislatura, ha escenificado su ruptura votando en contra del decreto de medidas anticrisis por la guerra en Ucrania, salvado una vez más por estrecho margen gracias al sí de Bildu, aunque el Ejecutivo no ve en riesgo la estabilidad de la legislatura.
Por contra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado con firmeza a su ministra de Defensa, Margarita Robles, señalada por los independentistas y por sus socios de Unidas Podemos, como la responsable de las escuchas. La formación morada por boca de su portavoz, Pablo Echenique, ha advertido a Sánchez de que «ser progresista también es defender la democracia, y un espionaje masivo por motivos políticos no es democrático».
«No se puede ofrecer su cabeza porque no ha hecho nada malo», la defendían desde el Ejecutivo después de que ERC fuera explícito al pedir su dimisión frente a Podemos y Bildu, que han pedido que rueden cabezas, aunque no han puesto nombres. En este sentido Sánchez ha sido tajante al respaldar con un «por supuesto» a la ministra, mientras que Robles desde Letonia no se ha sentido señalada y ha zanjado que estaba «muy orgullosa» de apoyar «al contingente español» allí desplazado.
En este marco, el Ejecutivo no cree que el caso Pegasus y el voto en contra de ERC pongan en riesgo la legislatura ni tampoco considera que su nueva relación con el PP esté dañada. Moncloa afirma que seguirán contando con los populares ante su evidente precariedad parlamentaria y porque es bueno para el país que los dos principales partidos lleguen a acuerdos.
Desde el PP tampoco creen que el desencuentro final por el decreto anticrisis acarree una ruptura de los puentes entre Sánchez y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, aunque éste ha acusado al Gobierno de preferir una «componenda política» con Bildu en lugar de un «acuerdo de Estado». Otros socios parlamentarios en el Congreso avisan al Gobierno de que «no hay razón para que tenga que sobrevivir permanentemente en la cuerda floja», ya que se puede acabar rompiendo, incide el líder de Más País, Íñigo Errejón, mientras el portavoz e ERC, Gabriel Rufián, lamenta que el PSOE tenga «unas ganas de pactar con el PP que se le notan bastante».
