Tras meses de negociación, polémicas y de una larga tramitación legislativa, con dos meses de pausa en el Senado, finalmente este jueves el Congreso de los Diputados dará luz verde a la ley de amnistía. Si no hay sorpresas, la votación definitiva para avalar la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya saldrá adelante con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y José Luis Ábalos) y 172 en contra (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria).
El trabajado aval político que se confirmará este jueves nace, sin embargo, con una gran duda en el horizonte: la aplicación que hagan los jueces, que desde la entrada en vigor de la normativa tendrán dos meses para ejecutarla y presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional o en las instancias europeas.
Las críticas y protestas de algunas asociaciones de magistrados, así como la guía práctica enviada a los jueces para recurrir la ley, genera incertidumbre sobre el posible laberinto judicial que se puede abrir a partir de ahora. «Entraremos en terreno desconocido», indica uno de los posibles amnistiados, Eusebi Campdepadrós, quien tras ser absuelto en el juicio del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la Mesa del Parlament de la legislatura 2017-2021 –de la que él fue Secretari Primer–, ahora está pendiente de juicio en el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por parte de la Fiscalía.
Sin antecedentes o sin juicio
El ex alto cargo de la cámara legislativa es uno de los políticos tarraconenses que puede verse beneficiado por la amnistía, que en su caso significaría no tener que afrontar otro juicio. Otros ejemplos son el Secretari General d’Universitats –y antes de Presidència–, Quim Nin; el ex Secretari Tercer de la Mesa del Parlament entre 2015 y 2017, el reusense Joan Josep Nuet; y el ex alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós.
Si no hay sorpresas, la ley se aprobará este jueves con 178 votos a favor y 172 en contra
Eusebi Campdepadrós considera que la ley «no tiene brechas», si bien lamenta que «ahora debería recursarse a todos los jueces que se han mostrado públicamente en contra de la ley, ya que no hay apariencia de imparcialidad» tras el envío del «manual de prevaricación», que «es una revuelta en toda regla del poder judicial contra el legislativo».
En la misma línea se expresa Joan Josep Nuet, quien fue inhabilitado durante ocho meses, además de tener que pagar una multa de 13.000 euros. «Todavía veremos sorpresas, hay jueces que quieren hacer política desde fuera de las instituciones», indica el expolítico de los Comuns, quien se muestra convencido de que «aún queda camino por recorrer». En su caso, la amnistía le beneficiaría porque se eliminarían los antecedentes penales.
El exalcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, sostiene que este jueves «es un punto de inflexión», si bien tiene claro que «justo ahora coronamos el Tourmalet, pero todavía queda camino por recorrer para llegar a los Campos Elíseos». «Ahora veremos si los jueces actúan con voluntad democrática o con directrices políticas desde la judicatura», expresa el político republicano, quien todavía está pendiente de juicio después de que se cerrara su instrucción a finales de 2022 por haber firmado decretos para el 1 d’Octubre.
Por su parte, Quim Nin –implicado por la organización del referéndum del 2017– cree que la aprobación de la ley «es una gran oportunidad para encarrilar el futuro», y valora «a la mucha gente de todo el Estado que ha trabajado para que pueda ser una realidad».
1.168 investigados
En total, Alerta Solidària indica que la ley puede beneficiar a 419 activistas y manifestantes, un tercio de los inicialmente investigados. El resto, o ya han sido absueltos, o sus causas se han archivado. En concreto, la entidad contabiliza a 1.168 personas objetos de diligencias penales relacionadas con el Procés. De estas, el 51% –597– han visto como se archivaban las causas, mientras que en el 49% restante –571– se han sacado adelante los procedimientos.
De las 571 personas con causas abiertas, 143 (25%) están todavía en proceso de instrucción, un 22% (127) están esperando juicio y 12 (2%) esperan sentencia. Del resto, que ya tienen sentencia, el 27% –152– fueron absueltas, mientras que 137 –un 24%– tienen sentencia con condena total o parcial. Por eso, Alerta Solidària cree que de las 571 personas con causas abiertas, si se restan las 152 con sentencia absolutoria, hay 419 personas que pueden ser amnistiadas: un 35% del total.