El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha pedido hoy al Gobierno que autorice de forma urgente el servicio de protección «adecuado y dimensionado» al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que lo reclama desde 2018.
Así lo ha solicitado Elena en una carta remitida al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, horas después de que el titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno tramitará la petición de Puigdemont de tener escoltas porque «nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber».
El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, volvió a pedir ayer por carta al conseller Elena que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la «peligrosidad y el riesgo hacia su persona» detectado «desde hace algunas semanas».
En la misiva que hoy ha enviado a Marlaska, Elena solicita «nuevamente» al ministro la activación de un servicio de protección para Puigdemont, una cuestión que el Gobierno había denegado previamente tanto al actual conseller como a sus antecesores Miquel Sàmper y Miquel Buch.
A raíz de las declaraciones de Bolaños, Elena remarca en la carta que se ha dado un «cambio relevante» respecto a la posición mantenida por el Gobierno en los últimos años, por lo que solicita nuevamente y «con carácter de urgencia» este servicio para Puigdemont en Bélgica.
«El president Puigdemont, como cualquier expresidente, precisa de un servicio de protección adecuado y dimensionado», apunta Elena, que solicita a Marlaska que, en aplicación del artículo 42 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, relativo al procedimiento de protección de autoridades públicas fuera del ámbito territorial, dé las instrucciones «necesarias» para su «efectivo» cumplimiento.
Paralelamente, Elena también pide a Marlaska que lleve a cabo los «trámites oportunos» entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades belgas para el traslado de las armas reglamentarias de los agentes que deberían prestar el servicio de protección a Puigdemont.
La Audiencia de Barcelona condenó en septiembre pasado a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación al exconseller de Interior Miquel Buch, por fichar en 2018 de asesor en su departamento a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que siguiera escoltando a Puigdemont tras su huida de España, una vez superada la etapa del 155, pese a que el Gobierno no lo había autorizado.
En su sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona condenó además a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís E., una de las personas que ayudó a huir de España a Carles Puigdemont y al que Buch nombró asesor de Interior en 2018, tras la etapa del 155.
El caso de Buch y el de sargento Lluís E. es uno de los que Junts ha tratado de incluir en la Ley de Amnistía, y de hecho la propuesta que ha presentado el PSOE en el Congreso incluye los casos de las personas que, en el marco del procés, han prestado «asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad» a los dirigentes independentistas.
