«Hay importantes injerencias partidistas en la justicia»

Ha sido una alegría saber a través de su libro, ‘La patria en la cartera’ (Ariel), que ya va por la quinta edición, que ser corrupto no tiene que ver con un supuesto ADN español. Empezaba a pensar que sí.

Todos hemos tenido ese tipo de percepción. Se habla mucho de la picaresca, pero tampoco tiene nada que ver. Lázaro de Tormes no tiene similitud con Urdangarin, Bárcenas o Roldán. Los personajes picarescos eran personas marginales que lo único que intentaban era sobrevivir y salir de la miseria. Los corruptos son personas privilegiadas que lo que pretenden es vivir, todavía mejor, a costa de la sociedad. La corrupción es un abuso de poder público para conseguir beneficios privados. No tiene que ver con la picaresca, y sí con cómo están configuradas las instituciones públicas.

Si hay países que no tienen prácticamente corrupción, pero sí la hay en España, debe ser porque a alguien le interesa.
¿A quién, sobre todo?

La corrupción genera importantísimas redes de intereses. Es evidente que los políticos que se han enriquecido con la corrupción, y las tramas empresariales que consiguen suculentas adjudicaciones públicas, no van a estar a favor de que haya reformas institucionales. Los principales partidos han utilizado la corrupción, históricamente en nuestro país, como un instrumento funcional. Está demostrado en los hechos probados de las sentencias que las principales fuerzas políticas, a nivel estatal pero también en Catalunya, se han financiado ilegalmente gracias a la corrupción. Y han favorecido, con estas prácticas, también enriquecimientos personales. Hay muchos conflictos de intereses entre las principales fuerzas políticas, y esto, junto a la importante herencia del pasado franquista, explica la persistencia de estas prácticas.

«Franco36» era la contraseña que utilizaba José M. Corbín Navarrete, el abogado y cuñado de Rita Barberá, según publicó Eldiario.es sobre el caso Azud. ¿Es un botón de muestra para ilustrar su tesis de que la corrupción contaminó toda la estructura económica y política desde el franquismo?

Hay elementos de continuidad enormes entre lo que fue la corrupción durante el franquismo y lo que siguió en democracia. Los grandes pelotazos y mordidas de Marbella no los inventó Jesús Gil. Está documentado que empezaron precisamente tras la llegada de la familia Franco a Marbella y otros puntos de la Costa del Sol. Lo que hacían en los primeros años de democracia era continuar prácticas que venían de atrás y que nuestras fuerzas políticas no fueron capaces de romper.

¿La corrupción de hoy es una muestra de que nuestra democracia es poco robusta?

Nuestra democracia ha mejorado bastante, según nos dicen los indicadores internacionales. Estamos entre los diez mejores países en limpieza del proceso electoral, eficiencia en organización de elecciones y respeto al pluralismo político, y tenemos que estar orgullosos. Pero los mismos indicadores internacionales nos reprochan que tenemos un gravísimo problema de corrupción y también de debilidad de la separación de poderes y de los mecanismos de control del poder político. Mi impresión es que esos conflictos de intereses entre las cúpulas de los partidos y las dinámicas de la corrupción dificultan acabar con el problema. Si hubiera habido voluntad política, hace décadas que hubiéramos acabado con la corrupción, pero sabemos que ha sido un deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y al mismo tiempo proteger a los corruptos en las propias filas.

Usted dice que deberíamos apostar por cambios en el sistema electoral, en la justicia, en el funcionamiento de los órganos constitucionales y en la praxis de los partidos. ¿Qué es lo más urgente y lo más efectivo?

En el ámbito de la prevención, lo fundamental es que no sea tan fácil adjudicar los grandes contratos públicos a tramas corruptas. Es lo que hemos visto con todos los escándalos por la compra de material sanitario durante la pandemia. Debe haber una competencia real entre las empresas, y ahora mismo hay muchas artimañas para favorecer a empresarios cercanos y para eludir el principio de libre concurrencia. Hay una regla general: a precio de mercado, no puede haber corrupción. El Tribunal de Cuentas Europeo detectó que, en igualdad de condiciones, el metro cuadrado de autopista en España costaba el doble que en Alemania.

¿Cómo es posible?

El propio Tribunal de Cuentas Europeo valoró que eso era posible porque en España había unos trucos de modificación de los contratos una vez adjudicados, de fraccionamiento, que no existían en otros países europeos.

¿Nos parecemos más a algunos países de América Latina que a los del norte de Europa?

La corrupción en España no tiene un carácter sistémico como en los países de Centroamérica que he tenido la ocasión de estudiar con jueces de esas naciones. Allí la corrupción no solo afecta a los políticos, sino también a policías, funcionarios, militares, jueces y otros sectores públicos. En España esto no ocurre. La gran singularidad española que también llama la atención de los expertos es que aquí la corrupción se centra mucho en lo político, y no en otros ámbitos. Y esos niveles de corrupción política no tienen equivalente en la Europa democrática, ni siquiera en Nápoles y Sicilia. Allí sí tienen problemas de corrupción que afectan a policías, a funcionarios... pero los porcentajes de corrupción política española son todavía más elevados. Aquí hay comunidades en las que han sido condenados, encausados o ido a prisión provisional el presidente, varios consejeros, presidentes de las diputaciones, alcaldes, concejales y todo tipo de cargos públicos, en unos porcentajes que sí que se aproximan a los de Honduras o a Guatemala.

¿Qué particularidad tiene la corrupción en Catalunya? ¿Hay algún hecho diferencial?

Catalunya ha seguido pautas comunes a las del resto del país. También hubo una serie de dinámicas de concentración de poder durante mucho tiempo, de falta de controles, y de desviación del problema real de la corrupción mediante el victimismo. Recordemos que el caso Banca Catalana se paró sobre todo por un discurso político que decía que investigar era un ataque a Catalunya, cuando había elementos más que suficientes. A mí me sorprenden algunos discursos hechos desde el catalanismo que dicen que España es un Estado corrupto, y que si Catalunya no estuviera en España todo sería diferente.

¿Por qué?

La corrupción en las instituciones catalanas existe, y no es un invento de la propaganda españolista. Es un problema muy serio que tiene Catalunya. El Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo realiza un informe anual sobre el control de la corrupción y la calidad institucional de conjuntos subnacionales de las regiones europeas, y Catalunya todos los años está en los lugares de cabeza. Son datos objetivos a partir de sentencias judiciales y organismos independientes.

¿La ciudadanía es consciente de lo que supone la corrupción? ¿De que perdemos calidad de vida, de que perjudica al emprendimiento, la innovación y la libre competencia?

Ha habido una evolución positiva, aunque todavía no suficiente. La corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones. Los economistas nos dicen que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea, y cercana a la de Finlandia. Acabaríamos con las bolsas de pobreza que todavía tenemos, y mejoraríamos bastante los servicios públicos. No tenemos que permitir que se nos robe.

No estaría mal una renta per cápita como la de Finlandia.

Hay otro estudio reciente patrocinado por el BBVA a partir de datos del Banco Mundial que nos dice que si hiciéramos las reformas adecuadas en calidad institucional y contra la corrupción, en 15 años incrementaríamos un 20% el PIB. Las principales diferencias con países como Alemania o Finlandia no están en el potencial de productividad, formación y otros elementos para el crecimiento económico, sino que las variables que nos diferencian son la baja calidad de nuestras instituciones.

¿Las puertas giratorias no existen en otros países?

Existen, pero no a los niveles que hay en España. Aquí el 40% de los ministros de la democracia han acabado en una puerta giratoria para entrar en grandes empresas del Ibex con sueldos astronómicos y sin ninguna experiencia previa que justificara ese fichaje.

El 40% son casi la mitad. Parece que sea la finalidad, ¿no?

Por ahí va el problema precisamente. Hay dos cuestiones problemáticas. La primera es la duda de si el ministro, cuando ha estado en el Gobierno, no ha podido hacer algún tipo de favor que justifique el fichaje posterior. La segunda es si no hay, después del fichaje, un aprovechamiento del cargo público para influir en los antiguos miembros del Gobierno y compañeros suyos para que la empresa tenga un trato de favor. En otros países existe el llamado período de enfriamiento, el tiempo que debe tardarse en pasar de un gobierno al consejo de administración de una empresa, y también hay más incompatibilidades sobre los sectores a los que luego puedes ir o no.

Usted ha rechazado participar en política activa desde un partido (Podemos quiso ficharle). Compromís le propuso ser conseller de Justícia, y la en su día ministra Dolores Delgado le ofreció también ser secretario de Estado de Justicia, y también les dijo que no. ¿Por qué?

Estoy a gusto con el trabajo que realizo en mi juzgado, y no veo la necesidad de implicarme en actividades políticas. Si me hubiera implicado en política, este libro no hubiera podido escribirlo, o no hubiera tenido la credibilidad que ahora pueda tener. Me siento más cómodo intentando aportar reflexiones a la sociedad desde una visión independiente e imparcial.

¿Le gusta estar en los medios haciendo labor divulgativa?

Los medios de comunicación son importantísimos para mejorar nuestra calidad institucional y para actuar más eficazmente contra la corrupción. Está demostrado que las sociedades más informadas tienen también menos corrupción. Menos corrupción siempre es más democracia, y viceversa: más democracia siempre es menos corrupción.

¿Hay verdadera separación de poderes en España?

En España, como dicen los organismos europeos, hay importantes injerencias partidistas en la justicia, como demuestra la propia configuración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya casi tres años y medio caducado y en funciones. La situación es de enorme gravedad, y solo por eso hay indicadores internacionales que han rebajado los niveles de calidad institucional de España para calificarla de democracia defectuosa, porque estas situaciones no pasan en democracias avanzadas. Es como si un gobierno, después de ganar unas elecciones y estar cuatro años en el poder, se negase a convocar elecciones y siguiera en el poder un año, dos, tres... Esto es un grave problema de calidad democrática, y deberíamos apostar por reformas que no permitan que los partidos se repartan por cuotas el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y para establecer criterios muy tasados de mérito y de capacidad para acceder al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores.

Porque es el CGPJ el que nombra a los jueces del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores autonómicos, ¿verdad?

En nuestro país hay una verdad muy asumida en la carrera judicial, y es que aunque alguien sea el mejor jurista de España, nunca llegará al Tribunal Supremo si no cuenta con apoyos políticos o de sectores organizados.

¿Así, tal cual?

No basta con ser el mejor, sino que hay que tener algo más. Esto está muy aceptado, de manera resignada, en la profesión. Es algo muy sabido. Eso no significa que quienes llegan al TS no sean grandes profesionales, sino que el sistema no está organizado esencialmente para garantizar que los mejores puedan llegar. Esto es un serio problema, porque si para acceder a todo tipo de profesiones públicas hace falta superar una prueba selectiva demostrando que eres mejor que otros aspirantes, para llegar al Tribunal Supremo debería haber un sistema muy tasado de mérito y capacidad que asegurara exactamente lo mismo, y creo que deberíamos impulsar reformas que permitan que esto sea gestionado de otra manera.

¿Considera que el sistema judicial español está secuestrado?

Mi impresión es que la cúpula judicial representada por el CGPJ ha actuado históricamente como correa de transmisión de los principales partidos políticos, hasta el extremo de que han llegado a comparecer el presidente del Gobierno y el líder de la oposición diciendo quién iba a ser el siguiente presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, cuando la Constitución dice claramente que eso no lo eligen los dos principales líderes políticos, sino que se elige a través de otro tipo de mecanismos. En este sentido, sí que de manera metafórica se puede considerar que el Gobierno de la judicatura ha estado sometido a mecanismos de secuestro de las principales fuerzas políticas cuando se han repartido por cuotas este organismo.