Roger Español, el votante que el 1 de octubre de 2017 quedó tuerto por el impacto de una pelota de goma en Barcelona, pide 13 años de cárcel y de inhabilitación para un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional, a quienes acusa de una «obstinada voluntad» de causarle daño para «castigarle».
En su escrito de acusación, Español, representado por el colectivo Iridia, atribuye a los cuatro policías un delito de lesiones con pérdida de órgano, por el que solicita nueve años de cárcel para cada uno de los agentes, así como otro de torturas, por el que reclama para ellos cuatro años de cárcel.
Español, que tras las lesiones que sufrió el 1-O fue candidato de Junts en el Senado, también solicita a los cuatro policías una indemnización de 320.632 euros, de la que pide que responda el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
La Audiencia de Barcelona denegó a mediados del pasado mes de marzo la amnistía a estos cuatro policías procesados por el lanzamiento de pelotas de goma que dejaron tuerto a Español, por lo que irán a juicio al existir «indicios de criminalidad suficientes».
En su escrito de acusación, Español, que lanzó una valla contra los agentes que habían intervenido el 1-O en el instituto Ramon Llull de Barcelona, relata que los mandos ordenaron a los agentes que dispararan pelotas de goma pese a que eran «perfectamente conocedores» de que no existía una «situación de peligro» y que era «altamente probable» que lesionaran de gravedad a algún manifestante.
Cuando los policías se iban retirando por la calle Sardenya, uno de ellos empujó a Español, que le recriminó el gesto, por lo que fue nuevamente empujado, según el escrito de acusación.
Este incidente fue advertido al escopetero procesado, quien, según la acusación particular, «con intención de corregirlo», disparó contra Español en dos ocasiones con pelotas de goma, sin lograr impactarlo.
Según el escrito, el escopetero, «persistiendo en su obstinada voluntad de causar daño y dolor a Roger Español, castigándolo así por su participación en la protesta y por su enfrentamiento previo con los agentes», disparó «voluntariamente» una tercera vez, de acuerdo con sus superiores procesados, cuando el votante se encontraba a 14 metros de distancia, y ahora sí le impactó en el ojo.
Según la acusación particular, los cuatro policías procesados se prevalieron y aprovecharon de su condición de funcionarios públicos y cometieron un «abuso» en su función, que no solo facilitaba la ejecución del delito y dificultaba su persecución «sino que aumentó clarísimamente el daño tanto individualmente hacia cada uno de los perjudicados como colectivamente al conjunto de la sociedad».
En un comunicado remitido a través de Iridia, Español ha subrayado que está convencido que el suyo es uno de los «casos más claros» para poder denunciar «el abuso» que se hace con las pelotas de goma en situaciones de protesta.
«Este mar de impunidad tiene que acabar. No entendería otro veredicto que el de culpabilidad», sostiene Español, que lamenta que el proceso judicial por sus lesiones se alargue casi una década, lo que representa una «carga emocional muy difícil de gestionar», ya que los hechos del 1-O son de «actualidad recurrente».
Pone como ejemplo que la reciente negociación y aprobación de la ley de amnistía le han supuesto «un desgaste importante».
En marzo pasado, la Audiencia de Barcelona acordó amnistiar a Español, al concluir que el delito de atentado a agentes de la autoridad del que le acusaban, por arrojar vallas metálicas contra los policías, encaja en la ley del olvido penal.
Por el contrario, la Audiencia desoyó a la Fiscalía y denegó la amnistía a los cuatro policías acusados de las lesiones oculares que sufrió Español, al considerar que la ley excluye las actuaciones dolosas que causen la pérdida de un órgano principal o la inutilidad de un sentido.
