La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU exigió este viernes a Israel «tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio» y «adoptar medidas inmediatas y efectivas» para permitir el acceso de asistencia humanitaria, pero evitó pedir un «alto el fuego» como medida cautelar.
En un caso iniciado por Sudáfrica, que acusó al Estado israelí de tener una «intención genocida» en Gaza, la CIJ exigió a Israel asegurarse «con efecto inmediato» de que sus militares no infrinjan la Convención sobre el Genocidio con actos como «matar miembros del grupo» de civiles palestinos de Gaza o someterles «deliberadamente» a «condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial».
Además, el máximo tribunal de Naciones Unidas consideró que Israel «debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio» de los civiles palestinos en Gaza.
El Estado israelí también deberá «adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza».
Las decisiones de este tribunal son legalmente vinculantes para Israel, aunque la CIJ tiene pocos medios para hacerlas cumplir.
No obstante, los jueces también indicaron, como parte de las medidas cautelares, que Israel debe impedir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionada con este caso, y entregar un informe en un plazo de un mes sobre «todas las medidas tomadas».
La jueza presidenta de la sala, la estadounidense Joan E. Donoghue, ha leído la decisión tomada por el panel de jueces, en la que ha mencionado numerosas declaraciones hechas por altos funcionarios y recogidas en informes de la ONU, en las que se advierte sobre la gravedad de la situación humanitaria en Gaza.
A las afueras del tribunal, desde donde se podía seguir la audiencia a través de pantallas gigantes, se reunieron grupos de palestinos y de israelíes con sus banderas respectivas.
La ANP celebra fallo
El Ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad al Maliki, celebró este viernes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pide a Israel tomar «las medidas necesarias para evitar un genocidio», y recordó que las decisiones del tribunal de la ONU son de «obligado cumplimiento».
«Palestina acoge con satisfacción las medidas provisionales ordenadas hoy por la Corte Internacional de Justicia. Los jueces de la CIJ evaluaron los hechos y el derecho. Fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional», afirmó Maliki en un videomensaje difundido por su ministerio.
Tras la demanda por genocidio impuesta por Sudáfrica ante la CIJ, el tribunal de la ONU exigió hoy a Israel «adoptar medidas inmediatas y efectivas» para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a Gaza y «castigar» cualquier incitación al genocidio contra los civiles palestinos, aunque no instó a un alto el fuego en la Franja.
«Hacemos un llamado a todos los estados para que garanticen que se implementen todas las medidas provisionales ordenadas por la Corte, incluido Israel, la potencia ocupante. Se trata de una obligación jurídica vinculante», agregó el ministro palestino.
Maliki incidió en que la orden de la CIJ es un «recordatorio importante» de que ningún país está por encima de la ley, que debería servir como una «llamada de atención para Israel y los actores que permitieron su arraigada impunidad».
«Los Estados ahora tienen obligaciones jurídicas claras de detener la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y de asegurarse de que no sean cómplices», señaló Maliki, quien mostró su «eterno agradecimiento» a Sudáfrica por dar este «audaz paso de solidaridad».
En una sesión para anunciar medidas provisionales como parte de un caso iniciado por Sudáfrica para frenar la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza, la CIJ también pidió a Israel «asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto» prohibido por la Convención sobre el Genocidio.
Sudáfrica interpuso su demanda a finales de diciembre y las primeras audiencias sobre el caso se celebraron en La Haya los días 11 y 12 de enero, en las que ambos países expusieron sus argumentos.
Israel insiste en que las acusaciones no tienen fundamento y que se basan en argumentos «espurios» y «engañosos», aseguró ayer un portavoz del gobierno israelí, que deseó que la CIJ desestimara el caso, algo que no ha ocurrido.