Ciudadanos ha presentado este lunes una proposición no de ley para eliminar con efecto inmediato la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y en los establecimientos sanitarios (farmacias, botiquines, ópticas, ortopedias y locales de audioprótesis).
En la exposición de motivos de la iniciativa, Cs razona que la llegada de las vacunas contra la covid-19 ha marcado una gran diferencia en la situación epidemiológica y que «las peores cifras de la pandemia no han dejado de caer».
En su opinión, «es momento de cumplir con la ciudadanía española, con la misma responsabilidad que esta demostró en los peores meses de la pandemia, y retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los interiores, con la excepción de centros sanitarios y sociosanitarios, como las residencias de ancianos».
La formación naranja recuerda que en junio de 2021 fue la primera «en plantear la necesidad de retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, teniendo en cuenta tanto la evolución de la pandemia como el menor riesgo de contagio existente al aire libre».
«El Gobierno y el resto de las fuerzas parlamentarias se negaron a apoyar esa petición, afirmando que se trataba de una temeridad que pondría en riesgo miles de vidas. Tan sólo unos días después, el Gobierno decidió tomar finalmente» esa decisión, «dando la razón a Ciudadanos y a la evidencia científica, pero causando con sus titubeos cierta incertidumbre entre los españoles».
Lo mismo ocurrió -añade- en abril pasado, cuando Cs defendió retirar el tapabocas en interiores y en julio cuando en el debate sobre el Estado de la Nación planteó quitarlo en el transporte público, «en línea con los avances de la situación epidemiológica».
De acuerdo con la proposición no de ley, la retirada de la mascarilla en exteriores y en la mayoría de los interiores no ha provocado repuntes de la enfermedad, especialmente en términos de gravedad o letalidad.
«Es por ello -argumenta- que una medida tan restrictiva como la obligatoriedad del uso de mascarillas más allá de los centros sanitarios no se justifica, al causar más perjuicio en términos de salud mental que el beneficio en salud pública que produce».